El Gobierno seguirá negociando con las universidades por los fondos y tiene dudas sobre cómo auditar

El Ejecutivo se reunirá con los rectores el 30 de abril en el Palacio Sarmiento. El oficialismo aún no tiene definida la estrategia con la comisión del Congreso que autoriza los controles en las Facultades.

Ignacio  Salerno

El Gobierno seguirá negociando con las universidades por los fondos y tiene dudas sóbre cómo avanzar con las auditorías (Foto: Presidencia).

El Gobierno seguirá negociando con las universidades por los fondos y tiene dudas sóbre cómo avanzar con las auditorías (Foto: Presidencia).

El Gobierno seguirá negociando con las universidades por los fondos y tiene dudas sobre cómo avanzar con las auditorías. Según pudo saber TN, el Ejecutivo se reunirá con los rectores de las universidades nacionales el 30 de abril en el Palacio Sarmiento.

Se trata de la sede de la subsecretaría de Políticas Universitarias, que lidera Alejandro Álvarez. En la Casa Rosada sostienen que intentarán avanzar en la negociación presupuestaria y en la realización de la auditoría de las cuentas de cada ente.

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Lo que no tienen claro en Balcarce 50 es cómo avanzar con la revisión formal de cada universidad. Mantienen que están en constante diálogo con las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), pero no tienen definida la estrategia con la comisión mixta Revisora de Cuentas. Se trata del órgano del Congreso que autoriza las auditorías sobre las Facultades.

Según la ley de Administración Financiera (24.156), la AGN debe promover investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda y comunicar los resultados a través de informes a la comisión.

La Marcha Federal Universitaria en contra del presupuesto establecido por el Gobierno (Foto: Nicolás González/TN)

La Marcha Federal Universitaria en contra del presupuesto establecido por el Gobierno (Foto: Nicolás González/TN)

La AGN se compone de siete miembros designados como auditores generales por el Congreso de la Nación. Tres son nombrados por Diputados y otros tres por el Senado. El presidente es elegido por el partido político de la oposición con mayor número de legisladores, en este caso Unión por la Patria.

Los designados deben ser de nacionalidad argentina y tener un título universitario en ciencias económicos o derecho con alguna especialidad realizada en administración y control financiero. Los cargos duran 8 años y está habilitada la reelección.

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Las autoridades actuales son el exvicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos (titular) y los auditores generales Francisco Fernández, Alejandro Nieva, María de la Rosa, Gabriel Mihura y Juan Ignacio Forlón.

Tras la marcha federal universitaria de ayer, los dirigentes del organismo expresaron que no es potestad del Gobierno establecer las auditorías de la AGN y que “el Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario”.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos (Foto: Gobierno).

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos (Foto: Gobierno).

Desde la AGN argumentaron que “se realizaron distintas auditorías que fueron programadas sobre las universidades de Rosario, del Litoral y de Buenos Aires y se comenzaron auditorías en las universidades nacionales de Formosa, Jujuy y Córdoba”.

El Gobierno no definió una estrategia para la comisión mixta Revisora de Cuentas que debe conformar en el Congreso, que se compone de seis senadores y seis diputados. Los titulares de las Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, esperan indicaciones del Ejecutivo.

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Lo que sí definieron es la estrategia ante la marcha universitaria de ayer: buscan no darle entidad y calificarla de una “protesta política”. Los encargados del área discursiva creen que lograron instalar la revisión de las cuentas en la agenda pública.

La línea que corre en la Casa Rosada se basa en que “el desfinanciamiento de la universidad pública comenzó en 2022″ y que con el aumento actual “se volvió a los parámetros de ese año” respecto al incremento propuesto del 140% sobre los US$128 millones.

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