El Gobierno eliminó uno de los formularios exigidos para la transferencia de autos usados

Desde diciembre de 2009, el Certificado de transferencia de Automotores (CETA) era uno de los requisitos indispensables con los que debía contar quien quisiese vender un auto o moto usados cuyo valor superase los límites impuestos por la AFIP. Aunque al implementarse, la obligación alcanzaba únicamente a aquellas transacciones que superasen los 30 mil pesos, la crisis inflacionaria del país llevó ese monto a los $10.919.766. Desde este jueves, sin embargo, el certificado ya no será necesario.

Así lo decidió la AFIP mediante la Resolución General 5505/2024, que establece la eliminación de este requisito y salió publicado este jueves en el Boletín Oficial. La medida, que ya está en vigencia, deroga el título I de la Resolución General N° 2729, que era el que obligaba a presentar ese formulario.

«El Certificado CETA era un formulario que tenían que pedir las personas (humanas y jurídicas) y las sucesiones indivisas, del país o residentes en el exterior, relacionadas con la transferencia de un auto o moto usado y que estén radicados en Argentina. El vendedor del auto era el encargado de completar el documento», explicó la AFIP

Entre los fundamentos de su resolución, el organismo agregó que revisa registros y regímenes «que pudieran obstaculizar la agilización de los procesos, facilitación del comercio y eliminación de costos desproporcionados».

Aunque inicialmente el formulario tenía como objetivo que los vehículos cuyo valor superase determinado importe estuviesen debidamente declarados, la AFIP considera que la tecnología volvió obsoleta su implementación.

Eliminan un certificado que debía presentarse para la venta de autos usados. Foto ShutterstockEliminan un certificado que debía presentarse para la venta de autos usados. Foto Shutterstock

«En la actualidad, el grado de avance tecnológico alcanzado junto con los convenios de intercambio de información suscriptos entre esta Administración Federal y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, permiten a ambos organismos contar con la información suficiente a fin de asegurar la verificación oportuna de la situación fiscal de los ciudadanos así como de las inscripciones de transferencias de dominio efectuadas a su nombre», indica la normativa de la Agencia.

En un comunicado emitido este jueves, la AFIP agregó que «el objetivo fundamental del Estado Nacional es constituir una Administración Pública ágil y transparente que se enfoque en facilitar el desarrollo de las actividades del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios».

Si bien, en el inicio de su implementación, el valor piso a partir del cual los titulares debían presentar la documentación era 30 mil pesos, ese monto se fue actualizando periódicamente para adecuarlo a la inflación. La última modificación fue hace apenas ocho días, cuando pasó de $4.500.000 a $10.919.766.

Eliminar los Registros de Propiedad Automotor, otra de las iniciativas del Gobierno

Apenas asumió, Javier Milei prometió terminar con los Registros Automotores a los que calificó como «un curro» y que, señaló, eran parte de «la casta» ya que muchas veces se conseguían por «favores políticos».

En sintonía con estas declaraciones, en diciembre trascendió una idea del Gobierno sobre un cambio radical en la manera en que los argentinos deben registrar la compra de un vehículo, ya sea nuevo o usado. La intención era reducir sensiblemente la cantidad de papeleo y el costo de la operación, en una época en que la digitalización toma cada vez más protagonismo en la realización de trámites.

De hecho, al presentar el mega DNU 70/2023, el Presidente había dicho que había que “realizar modificaciones” al régimen para que “los trámites puedan hacerse integralmente de manera digital y agilizar todos los procesos, eliminando etapas innecesarias y costos absolutamente desproporcionados que dificultan la circulación de este tipo de bienes”.

La intención del Gobierno implicaba, en principio, eliminar los más de 1500 Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, que son la primera barrera a atravesar a la hora de hacer una transferencia.

Sin embargo, a contramano de esta propuesta, a mediados de abril el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, autorizó una suba en los aranceles que cobraban los registros que iba del 100 hasta el 320% en algunos casos, lo que levantó gran controversia.

Debido a esto, se decidió dar un nuevo volantazo que fue informado también por Libarona, esta vez en un posteo de la red X y que retrotrajo el impacto en 43 aranceles afectados por la decisiones que el mismo funcionario había tomado.

Aunque al subir el costo se había planteado como justificación que «no han sufrido adecuación alguna desde el 31 de octubre de 2023» en los considerandos de la nueva resolución se sostiene que la Subsecretaría de Asuntos Registrales «entendió oportuno» revisar las normativas difundidas este lunes «toda vez que, incluso sin ellas, se mantiene el correcto funcionamiento» del sistema.

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