El legislador es uno de los principales operadores judiciales del kirchnerismo. En diciembre pasado quedó imputado por espionaje ilegal a jueces.
El diputado Rodolfo Tailhade es uno de los operadores judiciales y de inteligencia de mayor confianza de Cristina Kirchner. Quedó imputado en diciembre por espionaje ilegal en la causa que investiga al expolicía Ariel Zanchetta. Y ahora su nombre volvió a resonar fuertemente por haber cometido un exabrupto en el Congreso al calificar la Ley Bases como “Ley pasta base”, tras la aprobación del proyecto por una mayoría de 142 votos a favor.
Nacido en Choele-Choel, provincia de Río Negro, el ahora diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tuvo un rol clave en la comisión de Juicio Político de Diputados que impulsaba la avanzada contra los miembros de la Corte Suprema durante la administración de Alberto Fernández.
Asimismo, el abogado penalista formaba parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia y tiene una silla en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado del nombramiento y remoción de jueces.
Tailhade arrancó su carrera política como concejal en el municipio de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires y con el tiempo se convirtió en la espada del kirchnerismo duro en el Congreso y, a su vez, protagonizó varios escándalos a partir de polémicas declaraciones y denuncias -principalmente- contra dirigentes de la oposición y jueces.
En 2013 ingresó al segundo gobierno de Cristina Kirchner como titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Desde ese cargo, impidió que se difundieran los balances de las empresas Hotesur y Los Sauces de los Kirchner, de Austral Construcciones de Lázaro Báez y del Grupo Indalo de Cristóbal López.
En 2014, luego de echar a Antonio “Jaime” Stiuso de la SIDE tras la firma del Pacto con Irán por la AMIA, Cristina Kirchner designó a Tailhade como director de Contrainteligencia de la AFI, el tercer eslabón de relevancia en el organigrama.
En diciembre de 2015, fue elegido diputado nacional por el Frente de Todos e impulsó varias denuncias contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
Entre sus últimas controversias se destaca la denuncia que le hizo, meses atrás, el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, por el hackeo de chats en Telegram y WhatsApp.
Su rol de operador judicial en las causas que comprometen a Cristina Kirchner ante la Justicia le valió, de la parte de la vice, su designación como representante del bloque del Frente de Todos ante el Consejo de la Magistratura.