Con la presencia de legisladores de distintos bloques políticos, un grupo de organismos no gubernamentales presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permitiría preservar y reutilizar bienes cautelados y decomisados provenientes de actividades delictivas complejas para destinarlos a fines sociales.
El proyecto, denominado “Bien Restituido”, fue elaborado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina e impulsado por Libera (Italia), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina.
En concreto, la iniciativa propone que activos, como autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales.
Actualmente, los bienes incautados en los procesos penales son administrados, en su mayoría, por el Poder Judicial; se estima que los activos que tiene está en sus manos ascienden a los $100.000 millones. Sin embargo, según advierten los impulsores de la iniciativa, el sistema está funcionando de manera deficiente, ya que dichos activos, en su gran mayoría, se están deteriorando y perdiendo no sólo valor económico (con el perjuicio patrimonial que eso supone para el Estado), sino también simbólico.
Para revertir esta situación, los impulsores del proyecto insisten en la necesidad de instrumentar cambios en la actuación del sistema judicial. Admiten que no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales, al tiempo que advierten que la información sobre estos bienes es incompleta y se encuentra en manos de distintos organismos, por lo que resulta difícil conocer cuántos están en poder del Estado y su valor, lo que a su vez obstaculiza su reutilización.
En la elaboración de la propuesta de ley trabajaron, además de las referidas organizaciones, jueces y fiscales y acompañaron su presentación más de 50 organizaciones sociales.
Durante la presentación del proyecto, que tiene como principal impulsor al juez federal Sebastián Casanello, estuvieron presentes los diputados Margarita Stolbizer (GEN), Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria); Pamela Calletti (Innovación Federal) y Esteban Paulon (Socialismo), entre otros. Allí se detallaron los principales puntos de la iniciativa que, en líneas generales propone, además de aprovechar los recursos materiales recuperados al crimen organizado, transparentar la cantidad y la gestión de esos activos. Dicha administración debería estar a cargo de una agencia autosustentada y especializada a tal efecto, reza el proyecto.
“Esta ley permite pensar un proceso más eficiente de gestión de esos bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella”, exaltan los impulsores de la iniciativa.
LA NACION