A pesar de haber abierto un canal de diálogo con el Gobierno, la CGT activará pasado mañana el segundo paro general contra la gestión de Javier Milei en cinco meses para rechazar el rumbo económico y presionar a los senadores para frenar la Ley Bases y el paquete fiscal. Ambas iniciativas son sensibles para los gremios: la primera porque incluye una reforma laboral y la segunda porque contempla la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
Si bien se logró limitar los alcances del proyecto de reforma laboral, que incialmente preveía afectar la recaudación de los gremios y transformar la huelga en un delito, la CGT resolvió mantener su postura combativa y no abrir un período de tregua. El rosario de reclamos se divide en dos. Aquellos que son de impacto general, como el ajuste, la caída de los salarios y de las jubilaciones, y las consecuencias de la recesión. Y los otros son sectoriales, que tienen que ver con medidas oficiales que afectarían sustancialmente el desarrollo de diferentes actividades, como podrían ser el freno a la obra pública o la privatización de empresas públicas.
Esta diferenciación hace que el paro general muestre un abanico de reclamos sectoriales que sirvió para unificar a los sindicatos en una misma protesta. Sirve de botón de muestra la participación confirmada del transporte en su conjunto, un cambio medular con respecto al primer paro que realizó la CGT, el 24 de enero pasado, cuando los servicios se mantuvieron casi todo el día.
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