El mega proyecto de gas licuado depende de la Ley Bases y hay polémica con la industria por el RIGI

El mega proyecto que tiene YPF con la petrolera estatal Petronas de Malasia para que la Argentina sea un polo exportador de energía gracias al desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) depende de que el Congreso apruebe el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que está dentro de la ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que mandó el Gobierno.

La industria petrolera está expectante por este título del proyecto de ley, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Cualquier proyecto de inversión superior a los 200 millones de dólares contará con grandes ventajas y estabilidad en materia de impuestos, importaciones y acceso al dólar.

Precisamente por los beneficios al importar sin impuestos herramientas, insumos y bienes de capital hay polémica con la industria argentina, ya que no se establece ningún tipo de programa de desarrollo de proveedores locales ni se fijan cupos de contenido nacional. Se trataría de una desventaja para quienes ya producen en Argentina estos bienes y pagan los impuestos en origen.

Según fuentes del sector, el proyecto «Argentina LNG» es el principal que tiene la energía del país: inversiones por unos 30.000 millones de dólares en los próximos 7 años para que las exportaciones alcancen también los US$ 30.000 millones por año a partir de 2031.

Semejante cantidad de dinero enterrado en caños, la infraestructura de 3 gasoductos «dedicados» equivalentes al Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, el desarrollo de al menos 2 barcos gigantes que transformen el gas natural a su estado líquido -enfriándolo a 161 grados bajo cero para comprimir 600 veces su volumen y facilitar su transporte- y hasta la construcción de un puerto de aguas profundas que podría ubicarse en Punta Colorada, Río Negro, necesita también grandes garantías.

El RIGI ofrece una gran baja del costo de capital, que sería la única forma de otorgar rentabilidad al proyecto, dicen quienes conocen las negociaciones entre YPF, Petronas y el resto de las petroleras argentinas que se sumarán con su gas y sus inversiones.

«Sin RIGI, no hay GNL«, explican. Incluso señalan que para junio ya debería estar aprobada la Ley Bases, de manera de otorgar la seguridad jurídica suficiente como para que en julio 2025 se tome la decisión final de inversión (FDI, por sus siglas en inglés). Con GNL, la Argentina podría exportar el equivalente a 400 barcos metaneros por año, con unos 120 millones de metros cúbicos de gas natural por día (MMm3/d).

La Unión Industrial Argentina (UIA), tras una reunión de su Junta Directiva, destacó este martes la «importancia de contar con un régimen que dinamice las grandes inversiones», pero sus autoridades «advirtieron que la actual configuración podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales«. Y remarcaron la necesidad de «desarrollar las cadenas de valor para consolidar el entramado productivo, apalancar a las PyMEs y generar empleo de calidad en todas las regiones del país».

El ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas publicó en su cuenta de X (Twitter) que el RIGI «está fundamentalmente orientado a la inversión en actividades primarias y admite la posibilidad de importar sin ningún tipo de arancel cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos sin aclarar que éstos deban ser nuevos o usados, con lo cual incluso se da la posibilidad de que operadores internacionales ingresen maquinaria ya utilizada generando una competencia desleal con instrumental obsoleto; es decir, donde no hay transferencia de la mejor tecnología internacional, que es uno de los objetivos que debe perseguir cualquier régimen de incentivos a las grandes inversiones.

«El RIGI desarma toda política destinada a desarrollar proveedores, estimular el compre argentino y mejorar la competitividad de la industria y las pymes. Nuestras industrias deberán pagar aranceles de importación para ciertos insumos que no deberán afrontar quienes ingresen en este régimen, generando desincentivos groseros a la producción en el país», evaluó Kulfas.

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