Esta semana comenzaron a circular los bonos de cancelación de deudas (BOCADE) emitidos por el gobierno de la provincia de La Rioja, que con la denominación de CHACHOS podrán utilizarse para pagar hasta un 30% de los salarios de los empleados públicos provinciales y para cancelar deudas y pagos con proveedores y contratistas del estado provincial. Los bonos emitidos vencen el 31 de diciembre de 2024 y pagan un interés directo del 17% semestral. Los comercios que los reciben pueden solicitar al gobierno su rescate en cualquier momento.
Dado que serán recibidos por el estado riojano como medio de pago de impuestos, tasas y tarifas, y por una porción del sector privado de esa provincia, circularán dentro de La Rioja como una moneda adicional al peso, una “cuasimoneda”. Según la visión del gobierno que las emite, serán aceptados en las transacciones a su valor nominal y ayudarán a amortiguar los efectos de la recesión y la caída del consumo en el mercado local.
¿Qué consecuencias puede tener la emisión de cuasimonedas en una provincia? En primer lugar, nunca es buena noticia que las provincias recurran a este instrumento, pues deteriora la credibilidad en la política monetaria nacional, al disminuir la capacidad del BCRA para controlar la cantidad de medios de pago y por ende la inflación. No obstante, hasta ahora parece una decisión limitada a La Rioja, porque otras provincias (al menos las que han publicado información fiscal en 2024), habrían optado por ajustar el gasto, ante la caída de sus ingresos.
Respecto a los posibles efectos de los bonos en el territorio en el que circularán (provincia de La Rioja), resulta conveniente recordar algunas de las consecuencias más relevantes que dejó la circulación de cuasimonedas en 14 provincias entre los años 2000 y 2003:
Aumentaron los costos de transacción, disminuyendo la eficiencia en general de la economía, por cuanto el gobierno, las empresas y las personas debieron crear mecanismos especiales para adaptarse a las transacciones con bonos;
Se generó mayor pérdida de poder adquisitivo sobre los ingresos de los habitantes de las provincias emisoras, ya sea por mayor inflación directa, precios diferenciales para pagos con bonos o por la desvalorización directa del valor de los bonos;
La cotización de los bonos dependió de la cuantía relativa de los bonos emitidos, con relación a la base monetaria o la recaudación propia provincial.
No se observó una menor caída en la actividad económica en las provincias que emitieron cuasimonedas, respecto a las que no lo hicieron.
Se debe recordar que, en aquella experiencia, algunas provincias emitieron bonos por alrededor de la mitad de sus bases monetarias, y exhibieron cotizaciones de entre 65% y 75% del valor nominal del bono. En el caso extremo de Corrientes, emitió el equivalente a poco más de su base monetaria y las cotizaciones del bono llegaron a ubicarse en torno al 50% del valor nominal. No obstante, en las provincias que fueron más cuidadosas en su emisión, la cotización no bajó del 90%, generando menos inconvenientes.
Con una emisión excesiva de cuasimonedas pueden surgir precios diferenciados para un mismo producto o servicio, según si se paga con moneda de curso legal o con cuasi-monedas provinciales. No obstante, por una política de precios y/o para no tener conflictos con el gobierno provincial, puede ocurrir que los precios resulten iguales para un mismo producto, sin importar si se paga con dinero o bonos, aunque dicho precio resulte más caro que en una situación hipotética en que no existieran las cuasimonedas en esa jurisdicción.
Por ende, los efectos monetarios negativos que se pueden desprender de una emisión excesiva de bonos locales pueden resultar en un mix entre la mayor inflación que produce la emisión de dinero y la desvalorización de los papeles que implica la emisión de títulos públicos por arriba de su demanda.
En el año 2003, los bonos provinciales fueron rescatadas por el gobierno nacional a través del Programa de Unificación Monetaria (PUM). En las actuales circunstancias, resulta poco probable que el gobierno del presidente Milei acuda en rescate de bonos provinciales, lo cual obliga a una emisión muy cuidadosa por parte de la provincia de La Rioja.
Al político promedio le gusta gastar, porque eso puede generarle votos. Claro que, si para gastar hay que cobrar impuestos, los impuestos ahuyentan votos, y puede compensar. Pero si el gasto se paga con billetes o cuasimonedas sin respaldo, cuyo costo es sólo el de su impresión, tenemos “el sueño del pibe” del político promedio: Gastar sin pagar costos. Es la base del problema de la inflación. Claro que la inflación (o la desvalorización de las cuasimonedas), si bien al inicio confunden a la población, si luego resultan persistentes finalmente terminan generando costos políticos a sus emisores. En este caso, si hay excesiva imprudencia, los “chachos” no recordarán tanto al caudillo riojano Peñaloza, sino más bien a un vicepresidente de la nación de inicios de siglo.
(*) El autor es economista jefe de IERAL