La semana pasada los hipermercados salieron a denunciar un importante aumento en la tasa de seguridad de higiene que deben pagar en algunos municipios. Al reclamo se sumaron, después, los distribuidores mayoristas: advirtieron que trasladarían a los valores de venta al público los aumentos de impuestos “injustificables” y los aportes “ilógicos”.
A partir de la polémica que llegó hasta el despacho del ministro de Economía Luis Caputo, los mayoristas volvieron a la carga -con nuevos argumentos- a explicar cuánto impactan los impuestos en el negocio.
Con los aumentos de tasas municipales, por cada $100 que paga el consumidor, entre $38 y $49 son impuestos, explican en el sector. “Sólo nos queda entre un 3 y un 5% de ganancia”, indican los mayoristas y piden quitar presión impositiva y aportes obligatorios que no son esenciales, para bajar los costos laborales.
Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), acerca de la carga impositiva en la cadena de comercialización de productos de primera necesidad, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, casi la mitad de un producto de consumo masivo de primera necesidad, se va en impuestos, aseguran.
De acuerdo al municipio donde se encuentre el mayorista, la carga impositiva alcanza un mínimo del 38,1% hasta el 49,1% de un producto. “Pedimos que los municipios den marcha atrás con los aumentos, encima lo hicieron a mediados del ejercicio fiscal, lo cual complica la proyección de esta carga que ya habían calculado las empresas”, sostuvieron desde CADAM.
La entidad agregó: “esperamos que, con el nuevo Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, los municipios y provincias se adhieran y se exponga en cada compra de desglose de la carga impositiva, para que la gente pueda entender porqué aumentan los precios”.
Entre las medidas, que viene proponiendo CADAM para bajar la inflación de alimentos, se apunta a la eliminación del Impuesto al Cheque, la rebaja de IVA para productos de la canasta básica y los Ingresos Brutos provinciales. “Es un impuesto distorsivo, porque el consumidor lo paga hasta tres veces”, sostuvieron desde CADAM.
La polémica por las altas tasas que cobran los municipios se encendió la semana pasada, cuando la cámara que agrupa a las cadenas, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) denunció -a modo de ejemplo- que el municipio de Lanús, aumentó la tasa de seguridad e higiene que pagan los supermercados del 2,3% al 6%.
Eso motivó al ministro Caputo a involucrarse en el tema y, en redes sociales, anticipó que esa cartera estaba “analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre”.