Fin del conflicto? El nuevo escenario generado por las condenas y los desalojos a grupos mapuches

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Recientes órdenes de desalojo y condenas por usurpación contra miembros de comunidades mapuches en distintos puntos de la Patagonia resuenan a nivel ciudadano como una suerte de “cierre” en relación con conflictos que se han mantenido en escena durante años. Mientras desde el Gobierno hablan de un cambio cultural, las comunidades sostienen sus reclamos y los vecinos damnificados valoran las nuevas políticas, aunque aún se reconocen “intranquilos”.

Las decisiones judiciales hablan, por ejemplo, de una orden de desalojo de la seccional El Maitenal, en el Parque Nacional Los Alerces, que fue ocupada en diciembre de 2020 por la comunidad mapuche Pailako. A su vez, hace pocos días, la Justicia federal condenó a dos años de prisión en suspenso a siete miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu por los delitos de atentado, resistencia a la autoridad y usurpación, a raíz de la ocupación de dos predios en Villa Mascardi, pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales, entre 2017 y 2022.

También tres miembros de la comunidad mapuche Quemquemtrew fueron declarados culpables del delito de usurpación, perpetrado el 18 de septiembre de 2021 en terrenos de Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón. En tanto, la Justicia ordenó recientemente desactivar bloqueos de las comunidades mapuches en Vaca Muerta.

¿Finalizan los conflictos con estas definiciones judiciales? ¿Presenciamos un cambio de políticas en relación con este tipo de pugnas? A partir de la condena contra miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, el actual presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, percibe un cambio cultural en proceso. “Hay mayor tranquilidad, porque los usurpadores fueron condenados y porque esta sentencia es un mensaje. Para nosotros, el cumplimiento de la ley no es opcional. Si hay nuevos conflictos, no va a ser la Administración de Parques Nacionales la que los incube ni los inicie, pero sí la que los termine”.

Esa es otra de las preguntas que sobrevuela las diversas situaciones y procesos. ¿Estas definiciones judiciales aportan armonía y tranquilidad? En el caso puntual de Villa Mascardi, Luis Dates –propietario de Los Radales, una cabaña que fue usurpada y vandalizada– asegura: “Los vecinos aún estamos intranquilos pues hay muchos prófugos de la Justicia, especialmente hombres que nuevamente podrían volver a aparecer y realizar tropelías amparados por las sombras de la noche”.

Y agrega: “Toda la acción que está desarrollando este nuevo gobierno a través de la Administración de Parques Nacionales, como desde los ministerios de Justicia y de Seguridad, es realmente muy importante, valiosa y positiva. Está volviendo a poner las cosas donde siempre tuvieron que estar ya que en el gobierno anterior reinó la más absoluta discrecionalidad, irracionalidad e ilegalidad. Prueba de ello es todo lo que se hizo en su momento desde la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, áreas ministeriales y hasta el mismo presidente Alberto Fernández, de favorecer y justificar el accionar de delincuentes encapuchados que sembraron el caos y el terror en la zona destruyendo y usurpando gran cantidad de propiedades tanto públicas como privadas durante cuatro largos años. Hoy la situación empieza a transitar por los caminos normales de cualquier sociedad democrática donde impera el estado de derecho. Los delincuentes empiezan a ser juzgados con todas las garantías constitucionales y condenados”.

Desde las comunidades mapuches rechazan que los fallos judiciales y la nueva política libertaria lleven a un cierre de los conflictos: denuncian que subsiste un “impronta” del Poder Ejecutivo, que trasciende banderas políticas y que es acompañada por el Poder Judicial.

“La política de criminalización de los reclamos de las comunidades mapuches no se ha detenido en los últimos tres gobiernos. Claro que hay notables diferencias. Desde la óptica de las comunidades, hay gobiernos en los que algunos sectores tienen las mejores intenciones, como en el caso del gobierno de Alberto Fernández, donde se buscó encontrar un camino de conciliación y diálogo. Sin embargo, Parques Nacionales nunca tuvo esa intención, ni el Ministerio de Ambiente durante la gestión de Juan Cabandié”, afirma Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados, entidad que acompaña los reclamos territoriales de las comunidades y las asiste legalmente.

Franquet suma que desde el Ministerio de Seguridad –que bajo el liderazgo de Aníbal Fernández creó el comando conjunto que concretó en octubre de 2022 el desalojo de las tierras ocupadas en Villa Mascardi– hubo una postura más flexible cuando en junio de 2023 se firmó el acuerdo entre el Estado Nacional y representantes de las comunidades mapuches en el que se reconoció el rewe (espacio ceremonial) como sitio sagrado de la lof Lafken Winkul Mapu.

En los últimos años, vecinos y propietarios de inmuebles usurpados denunciaron que cada uno de esos acuerdos y esas mesas de diálogo abiertas por el gobierno anterior no buscaron más que demorar las causas judiciales y los procesos de desalojo, en connivencia con grupos autodenominados mapuches, mientras continuaban las tomas e, incluso, los ataques a propietarios, turistas y efectivos de seguridad.

“Incluso las mejores intenciones siempre han estado marcadas por una incomprensión de la cuestión. Para las comunidades mapuches hay una distancia que no se ha conseguido acortar. De todos modos, en este gobierno eso ha recrudecido: observamos la permanente acusación de que son grupos terroristas, de que son pseudo-mapuches. En un país que ha firmado tratados internacionales sobre derechos de pueblos originarios, los funcionarios, sin importar el nivel y los poderes, no pueden arrogarse la facultad de decir quién es mapuche y quién no”, advierte Franquet, defensor de los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Suma que el vocero presidencial, Manuel Adorni, suele terminar sus arengas “levantando la bandera de Julio Argentino Roca”. Más allá del significado de la figura de Roca, dice que eso “no habla de un camino de diálogo y reconocimiento, sino de violencia”.

El martes pasado, pocas horas después de que el Juzgado Federal de Bariloche condenara a siete miembros de la lof Lafken Winkul Mapu por lo ocurrido en Villa Mascardi, el Ministerio de Justicia de la Nación anuló el acuerdo al que llegó el gobierno anterior con los mapuches y que les daban cesión de uso de tierras en la zona que habían tomado.

En ese sentido, Franquet consideró: “En sus últimos comunicados, el Ministerio de Justicia habla de que ‘la Argentina no cede ni negocia’ y se arroga una argentinidad que estaría contrapuesta a una supuesta no argentinidad de lo mapuche. El problema es que, independientemente de lo que piense cada uno de nosotros, lo que el Estado no puede hacer es desconocer nuestra calidad de ciudadanos argentinos. Y acá estamos hablando de ciudadanos argentinos que son tratados como enemigos peligrosos. Eso hizo Parques Nacionales, que en el juicio planteó que existía una cuestión de soberanía y se hizo acompañar por funcionarios del Ministerio de Defensa”.

Distintos abogados que trabajan con comunidades mapuches han remarcado también que, por fuera de algunos sectores de las instancias superiores del Poder Judicial del fuero federal, en general existe una “nula recepción” por parte de los jueces y fiscales de lo que es el derecho convencional, de los tratados internacionales a los que la Argentina se ha comprometido. Advierten que suele primar el Código Procesal, que en la escala de prioridades jurídicas está por debajo de los tratados internacionales integrados a la Constitución.

Asimismo, múltiples antropólogos han remarcado que si bien las diversas situaciones que han tomado estado público en los últimos años en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut –puntualmente en Villa Mascardi, Cuesta del Ternero, El Foyel y Mari Menuco, entre otras– tienen sus especificidades, todas tienen un aspecto común: la demanda territorial.

“Si bien el marco internacional de derechos ha ido avanzando -sobre todo, en la década del 2000, con la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), que fue ratificada por Chile y por Argentina-, los Estados han crecido bastante poco en adecuar su institucionalidad para responder a los derechos que están recogidos allí, sobre todo, los de libre determinación y autonomía, así como las demandas por restitución territorial. Y si bien en el caso de Argentina hay un reconocimiento en la Constitución a los pueblos indígenas, eso no se ha traducido en la generación de espacios para una representación política efectiva, que es lo que en el fondo están demandando los pueblos indígenas y el pueblo mapuche: ser actores políticos”, asegura Verónica de Lourdes Figueroa Huencho, postdoctorada del Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford y profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

La profesora chilena entiende que eso ha aumentado la conflictividad y “a medida que las democracias se van consolidando, lo que se evidencia es la poca capacidad que tienen para representar a sectores que han sido históricamente excluidos”.