Sesiones extraordinarias. Sin presupuesto y con reforma electoral

El gobierno nacional dio a conocer la fecha y el paquete de proyectos para tratar en las sesiones extraordinarias en el Congreso. La agenda que el Ejecutivo nacional pretende trabajar durante diciembre le abrió varios frentes de batalla con la oposición que se hace llamar dialoguista. La reforma electoral y política, junto con la ausencia del presupuesto 2025 son los elementos centrales donde se potencia la rosca parlamentaria de los partidos tradicionales.

Por medio de un posteo en la red social X, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el periodo en el cual se extenderían las sesiones extraordinarias del Congreso, además de dar a conocer los proyectos que se tratarían. Entre el 5 y el 27 de diciembre, los legisladores estarán atados a la discusión de la reforma electoral y política, la ley antimafia, un permiso protocolar para los viajes del presidente, la reforma de los fueros de la política y una reforma en los juicios en ausencia.

Después de este anuncio, la oposición dialoguista no demoró en mostrar su descontento. Sectores del la UCR, el PRO y Encuentro Federal le exigen al gobierno que amplíe el temario de la agenda legislativa, para que la discusión sobre el presupuesto 2025 y el proyecto de Ficha Limpia estén presentes. Por ejemplo, las bancadas de Democracia por Siempre y la de Encuentro Federal amenazan con no dar quórum si esto no sucede.

Por otro lado, la reforma electoral y política es uno de los temas más trascendentes. El gobierno de Milei se juega todo para poder aprobarla. Pero al mismo tiempo, para los sectores que conformaban la coalición cambiemita es un problema para su supervivencia de cara al próximo año electoral. 

Dejando de lado las especulaciones de los partidos tradicionales, esta reforma que se maquilla con la eliminación de las PASO y con la presentación de la Boleta Única de Papel, de fondo esconde una reconfiguración del régimen. La limitación en la participación en la vida democrática, con todos estos cambios que propone la reforma, solo conduce a un modelo. Uno mucho más restrictivo, donde los partidos de la casta sean los únicos con las condiciones de presentarse.

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La agenda de las sesiones extraordinarias

En medio de una semana donde el oficialismo consiguió renovar la presidencia de Martín Menem en la Cámara de Diputados, pero también donde quedó atravesado por el caso Kueider, dieron a conocer el temario de las sesiones extraordinarias.

Si bien la cuestión central es la reforma electoral, el gobierno de LLA buscará tratar desde un permiso protocolar para que el presidente realice sus viajes al exterior, hasta una reforma en el Código Penal por medio de la ley antimafia.

En relación a los viajes de Milei, el gobierno presentará un proyecto, que busca representar una especie de permiso para que el presidente realice sus giras al exterior, siendo que en enero del próximo año tiene una de sus primeras citas en la Cumbre de Davos.

Otro de los puntos que buscará sancionar el oficialismo, es el proyecto que tiene como objetivo limitar los fueros de los diputados y senadores. En la actualidad estos no pueden ser detenidos mientras no sean condenados. También está el proyecto sobre los juicios en ausencia, que busca garantizar que los procesos judiciales avancen aunque el acusado no comparezca ante el tribunal.

De parte de la ministra de Seguridad, también hay una propuesta legislativa. Patricia Bullrich elevó un proyecto conocido como la ley antimafia. Este es una reforma en el Código Penal, en donde se buscan endurecer las penas, crear nuevas figuras y herramientas en función de combatir el crimen organizado. 

Escudándose en casos de corrupción y en cuestiones relacionados a la inseguridad, el gobierno busca conseguir herramientas que nada tienen que ver con el combate de estas cuestiones. Por ejemplo la ley antimafia, que busca endurecer penas para los integrantes de organizaciones criminales, tiene un trasfondo peligroso. Uno de los interrogantes que abre la discusión en este proyecto es sobre qué o quiénes serán los encargados en determinar las cuestiones para considerar a una organización como criminal. 

La agenda oficialista agrupa una colección de proyectos direccionados, que en principio muestran tener como objetivo endurecer la represión y el autoritarismo en el régimen.

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Una reforma electoral y política antidemocrática

Como lo viene presentando el gobierno nacional, este punto se ha convertido en una de las cuestiones más importantes que entrarán en las discusiones dentro del Congreso. 

Por un lado, están los reproches que vienen del lado de la oposición que han acompañado varios de los proyectos libertarios. La posibilidad de la eliminación de las PASO es la principal preocupación de partidos como el PRO o de sectores de la UCR. 

Para el macrismo, la supresión de esta instancia electoral los pondría en una incómoda situación, ya que los dejaría con poco margen de maniobra a la hora negociar una coalición con el partido de Milei. Ante la amenaza que representa esto para algunos de los partidos tradicionales, hay sectores que agitan la posibilidad de no dar quórum para boicotear el tratamiento de este proyecto.

Pero dejando de lado las disputas de los partidos tradicionales, esta reforma pretende realizar cambios muchos más grandes en el régimen político. Si bien a la hora de presentar este proyecto el oficialismo se apoya en la idea del ahorro que puede representar eliminar la instancia de las PASO, el trasfondo de este proyecto es otro. 

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Aprovechándose del descontento de la gente frente a lo que representan las PASO, el oficialismo apunta a la aplicación de una reforma antidemocrática, donde los sectores de izquierda o las fuerzas emergentes serán los principales perjudicados.

La reforma no solo se queda con la eliminación de las primarias. También busca modificar la forma de financiación estatal hacia los partidos, la cual se reduciría drásticamente. Y a la vez, facilitaría las condiciones para la participación de los privados. En relación a este tipo de financiamiento, los límites de estos aportes se elevarían de los $ 40 mil millones a los $ 300 mil millones. Siguiendo esta suma de obstáculos en el periodo electoral, la reforma también pretende eliminar los espacios de publicidad cedidos por los medios de comunicación.

Además de todo esto, el oficialismo redobla su apuesta restrictiva y también busca seguir inclinando la balanza para el lado de los partidos de la casta. La reforma incluiría otras exigencias a la hora de la legalización de los partidos, como el aumento en la cantidad de afiliados para que estos sean oficializados.

El combo de todos estos cambios busca estratégicamente que fuerzas conformadas por trabajadores y para trabajadores queden fuera de la discusión electoral, para  en este proceso solo se asegure la participación de las fuerzas patronales atadas a los intereses de los aportantes privados. En conclusión, esta reforma electoral y política busca aprontar un escenario mucho más proscriptivo, autoritario y antidemocrático.

De parte de la izquierda proponemos una reforma verdaderamente democrática, donde no exista ningún elemento proscriptivo. En donde el financiamiento estatal sea igualitario para todas las fuerzas políticas y donde los aportes privados estén prohibidos, clausurando de esta manera la posibilidad de la intromisión de los intereses empresariales. Además, que a todos los espacios se les aseguren lugares en los medios para que se puedan conocer sus propuestas. 

Y a la suma de todas estas medidas, proponemos terminar con los comportamientos favorables a que los políticos se enquisten en la vida parlamentaria. En primer lugar, estos tienen que ganar lo mismo que una directora de escuela; y a la hora de presentarse y al finalizar sus mandatos, deben presentar una declaración jurada para demostrar que no se enriquecieron durante su gestión. Sumado a esto, estos cargos tienen que ser revocables, y con una duración máxima de dos periodos. Una batería de medidas de este tipo es lo único que puede asegurar una verdadera participación democrática.

Frente a este conjunto de proyectos que busca sancionar el oficialismo, si lo consigue consolidar es gracias a las fuerzas que le han asegurado la gobernabilidad a lo largo de este año de gestión. No solo los sectores denominados dialoguistas, sino también en las últimas semanas el PJ ha sido alguien cercano a la hora de negociar con los libertarios. Es por esto que frente a los integrantes del Congreso no hay que tener confianza y Kueider a sido un claro ejemplo de esto.

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