Grosso modo, la caída de entre 6 a 11 puntos de la coparticipación en 2025 en la mayoría de los municipios, desató el malhumor que no distingue color político. Se espera que los opositores alcen la voz, pero el malestar también se escucha –por lo bajo– entre los jefes locales de signo peronista.
En el entorno del diputado Rodrigo de Loredo consideran necesario ir a la justicia con el planteo. El andamiaje jurídico impulsado por el jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich, está en marcha y se encuentra en estudio una presentación.
En paralelo, la espada deloredista en la Unicameral impulsará el debate de la reforma a la ley 8.663, de Régimen de Coparticipación, con el propósito de modificar los criterios de distribución de los fondos a los municipios para atender el reclamo. Se tomarían como referencia las variables que se utilizan para las comunas que salen airosas con los nuevos índices.
La movida motorizada por el radical, que tiene aval de la mesa chica del diputado, incluye la demanda de distribuir los fondos específicos que instauró el gobierno peronista y la creación de la comisión legislativa de control, transparencia y seguimiento de la coparticipación. Algo que pega de lleno en la línea de flotación del poder llaryorista.
La polémica por los coeficientes para este año que todavía no se aplicaron –recién se verán reflejados en febrero– generó un caldo de cultivo en la queja de los jefes de gobiernos locales que marcará el pulso del debate en la primera parte del año. Es que la baja en los recursos coparticipables que perderán la mayoría de los municipios, sobre todo del interior profundo, irritó a propios y extraños.
“Hay municipios que crecieron en habitantes –no de forma exponencial– que van a tener que brindar más servicios y van a ser perjudicados porque les van a ingresar muchos menos fondos” de coparticipación, alertó Gvozdenovich al poner el foco en los distritos locales que van de 4.500 hasta 13.000 habitantes. “Son los perjudicados con la nueva fórmula”, aseveró.
En su avanzada, el halcón radical rechazó la conformación de un “gobierno centralista”, donde tanto “las ciudades de la Capital y el Gran Córdoba van a ser muy beneficiadas y los pueblos de hasta 13.000 habitantes muy perjudicados”.
Al asegurar que “la coparticipación es solidaria”, el titular de la bancada boina blanca resaltó: “Como se favorece a las comunas, también tenés que beneficiar a los municipios del interior profundo cordobés, a los vecinos que están alejados de las grandes ciudades que no tienen los mismos servicios”.
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Ante la crítica boina blanca, desde el Centro Cívico reconocen que hay malestar entre los intendentes, aunque no distingue color político. De este modo, descartan de plano que se toquen los números para perjudicar a los opositores. Esta duda la sembró el deloredista. “Se cumple con lo que dice la ley”, refutaron desde el poder llaryorista.
En el PJ contraponen otra lectura de la situación. En su réplica, sostienen que “las que más pierden en este reparto son Córdoba, Río Cuarto y San Francisco”. Las tres principales ciudades en donde gobierna el peronismo.
“No hay subjetividad alguna en el reparto. Les toca a todos por igual. Es lo mismo para todos”, aportó una fuente del gobierno al mencionar que el impacto de la pérdida de puntos de la coparticipación “no distingue color político”.
Nuevos índices
Dos cuestiones insoslayables que se entrelazan aportan luz a la cuestión de fondo del asunto. Con la actualización del último censo poblacional del Indec, 11 comunas pasaron a engrosar la cifra de 271 municipios, pero con la misma masa coparticipable a distribuir. En un lenguaje llano, es la misma “torta” que se reparten entre más actores del sistema.
“Se considera municipio a cualquier población con un asentamiento estable de más de dos mil habitantes”, reza el artículo 181 de la Constitución Provincial. De esta manera, al ser 11 menos, por lo que el número baja a 156 comunas, el reparto de los recursos mejora en este caso.
El otro punto neurálgico pasa por lo que fija el articulado de la ley 8.663, de Régimen de Coparticipación: la actualización “inexorable” de los índices tras los números finos del censo poblacional y los criterios de distribución de la coparticipación.
Con estas variables de la ecuación, el panorama es el siguiente. Había 260 municipios y ahora suman 271 y la misma masa coparticipable. En cambio, había 167 comunas y ahora se redujeron a 156. Por lo cual, la masa coparticipable de las comunas (del 3%) va a ser un poco mejor, independientemente de si la comuna decreció o creció con la cantidad de habitantes.
La ‘copa’ en las comunas se distribuye el 50% por partes iguales y 50% por cantidad de habitantes. En cambio, en los municipios se reparte el 21% por partes iguales (entre los 271) y el 79% en función de la cantidad de habitantes. “Los que no tuvieron crecimiento poblacional ‘importante’ se han visto afectados. A ellos sí les significa una baja importante. Somos muy pocos los agraciados”, aportó un intendente radical cuyo distrito viene duplicando su índice poblacional en los últimos dos censos.
El impacto de los nuevos índices se sentirá en febrero con la liquidación de enero. “Economía aplicará el índice según lo que le dio en cantidad de habitantes a cada municipio. Es objetivo. No hay subjetividad alguna en el reparto. Les toca a todos por igual”, confió una voz de peso con acceso a los principales despachos del Panal.
Algunos casos
De los cinco municipios del departamento Totoral, dos suben y tres bajan. A Sinsacate y Totoral les aumentó. A Sarmiento le bajó 9 puntos; a Cañada de Luque, 6 puntos, y a Las Peñas, 2.
De los seis intendentes que componen la cúpula del Foro Radical, cinco verán disminuir sus recursos: Serrezuela, Salsacate, La Falda (pierde 5 o 6 puntos), Almafuerte y Vicuña Mackenna. Y sólo uno (Sinsacate) se verá beneficiado con el aumento, pero es porque duplicó su población.
La ‘copa’ cae un 10% en Arias. “Un 10% menos de coparticipación, de Fofindes, y todos los ítems que hay… es mucha plata”, se quejó Gvozdenovich, ante los números de su pago chico. “Arias tiene que darles servicios a 300 familias más (por el censo), pero resulta que va a tener menos plata… para salud, para todo”, machacó.
Para el opositor boina blanca, los municipios que aparecen como más beneficiados son Capital y el Gran Córdoba. “En la mayoría gobiernan ellos”, lanzó al dejar sembrada la duda. Desde el PJ retrucaron: “Los que más pierden en este reparto son Córdoba, Río Cuarto y San Francisco”, las tres principales ciudades que gobierna el peronismo. En cambio, Alta Gracia y Villa María ganan. “Pero no se puede no cumplir la ley”, subrayó un interlocutor del gobierno.
Lo que viene
Según las versiones, en el máximo nivel del poder llaryorista se analiza girar a la Unicameral un proyecto para ratificar los nuevos índices, pese a que la ley no se lo exige al Ejecutivo. “Lo que abunda no molesta”, deslizó una fuente oficialista. “¿Estarían dispuestos a rechazarlo?”, dijo al lanzar el contragolpe pejotista por el embate deloredista.
“Hoy se está cumpliendo la ley”, remató un integrante de las primeras líneas del gabinete provincial. La única forma de modificar el esquema de coparticipación es reformando la norma. El radical del círculo próximo a De Loredo le anticipó a Perfil Córdoba que impulsará una iniciativa en ese sentido que podría dar pie a una discusión de fondo en la Unicameral.
La propuesta de Gvozdenivich es tomar el mismo criterio de las comunas para aplicar a los municipios. Lo que implica poner fin “al 70-30 y avanzar con el 50-50”. El radical entiende que, con esta nueva fórmula, se mejorará el reparto en 2025 y a su vez, a futuro, de los fondos coparticipables para los distritos que se verán afectados. La avanzada deloredista contiene además los fondos específicos y la creación de la comisión de seguimiento de la coparticipación.