El sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la intendenta Marisa Fassi ordenó desalojar a la familia de Vanesa Garay, que se encontraba en la plaza San Martín manifestándose exigiendo justicia por la desaparición y asesinato de su hija.
Este accionar muestra que el «compromiso» de la intendenta frente a los femicidios, y contra la violencia que sufren las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, solo alcanza para pintar de rojo el banco de una plaza. Más allá de lo simbólico, su verdadero accionar es el que tuvo en el caso de Vanesa Garay, el de María Speratti, o el de la pareja de mujeres a las cuales un vecino les incendió de la casa. En la mayoría de los casos hubo denuncias previas, y en ninguno de ellos se hizo algo para evitar los desenlaces; tanto la Justicia, como el gobierno municipal miraron para un costado. Hay que esperar a que pase lo peor para que tomen cartas en el asunto; y a veces, como se vio en el caso de Vanesa, las cartas son las de la represión de los familiares. Mismo accionar que a nivel nacional tiene el aparato del Estado, reprimiendo a los jubilados cada semana.