El abogado Jorge Valda fue aprehendido este viernes por la mañana en Santa Cruz. Su esposa, Carmen Arista, denunció públicamente que se trató de un secuestro, la intervención fue realizada por policías vestidos de civil en un operativo irregular. Según su relato, Valda fue interceptado cuando salía con su familia rumbo al colegio de su hija, el vehículo en el que se lo llevaron no tenía placas ni identificación oficial.
Arista relató que la camioneta blanca les cerró el paso en plena vía pública y dijo que no pensó que se trataba de la Policía debido a la violencia del operativo. Los efectivos sacaron por la fuerza al abogado sin mostrar orden alguna, tampoco se identificaron ni dejaron constancia escrita de su accionar. Según la abogada, en ese momento temió por la vida de su esposo.
El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 en Santa Cruz, la esposa del jurista intentó seguir al vehículo, pero este esquivó su persecución. Perdió su rastro cerca del cuarto anillo y la avenida Alemana. Durante el trayecto, grabó un video denunciando lo ocurrido en tiempo real y allí reiteró que los agentes se negaron a mostrar cualquier documentación.
El comandante de la Policía Boliviana, Augusto Russo, confirmó que Valda fue aprehendido e indicó que sería trasladado a la ciudad de La Paz. No explicó bajo qué cargos se realizó la arbitraria detención, aseguró que se pronunciará luego de recibir el informe correspondiente. De momento no se conoce el mandamiento que autoriza la acción.
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La detención se produjo horas después de que el Ministerio de Gobierno estrenara un documental. El audiovisual, titulado “¿Qué pasó el 26J?”, fue presentado la noche del jueves y en el que se menciona a Jorge Valda como parte de un supuesto gabinete civil. Ese equipo se preparaba para asumir el poder tras un golpe fallido, Valda habría sido propuesto como fiscal general.
Arista cuestionó el contenido del documental, dijo que su esposo solo dio una opinión en un programa de análisis. Considera que lo están criminalizando por defender a presos políticos, también aseguró que esta acusación no tiene sustento legal. Afirmó que es una represalia por su labor como abogado defensor.
Valda llegó a La Paz al mediodía en un vehículo oficial con vidrios oscuros, luego fue ingresado a las celdas de la (FELCC). A su llegada, varios activistas se manifestaron exigiendo su liberación. Su abogado, Eduardo León, denunció que no se le permitió el ingreso y afirmó que no se les ha informado nada sobre el proceso.
¿Está en marcha un plan del masismo?
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León declaró ante los medios que no hay una orden de aprehensión válida, señaló que la captura fue ilegal y arbitraria. Reiteró que su cliente no está aprehendido, sino secuestrado y criticó que se esté ocultando información sobre su paradero. Dijo que lo mínimo que se exige es transparencia y respeto al debido proceso.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también se pronunció y desde sus redes sociales denunció el hecho como un secuestro político. Exigió que cese la persecución a activistas y defensores de derechos humanos, señaló que Valda fue trasladado a La Paz sin notificación legal. Acusó al Gobierno de violar los derechos constitucionales del abogado.
El partido Comunidad Ciudadana emitió un comunicado oficial en el que rechaza la aprehensión de Valda y otros involucrados en el caso denominado “Zúñiga”. Denuncian que se está instaurando una política de represión y exigen la liberación inmediata del jurista. También anunciaron acciones legales a nivel nacional e internacional.
Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, alertó sobre lo ocurrido y señaló que se trata de una estrategia del Gobierno para amedrentar a la disidencia. Criticó el uso del Ministerio Público con fines políticos, dijo que el régimen intenta criminalizar la opinión crítica. Alertó a la comunidad internacional sobre esta práctica autoritaria.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que el Gobierno busca crear nuevas víctimas para distraer a la opinión pública. Dijo que la violencia del operativo refleja el deterioro institucional, acusó al Gobierno de usar la fuerza para silenciar voces críticas. Añadió que esto intensificará la crisis política que vive el país.
Familiares, abogados y líderes cívicos acudieron a la Fiscalía Departamental. Exigieron explicaciones sobre el procedimiento de detención y señalaron que el fiscal a cargo no dio ninguna respuesta. Consideran que todo fue planificado para intimidar a opositores, pero aseguran que seguirán ejerciendo presión hasta obtener justicia.
Todavía no se han presentado pruebas formales contra Jorge Valda y tampoco se conoce una imputación concreta por parte del Ministerio Público. La falta de información ha generado preocupación en diferentes sectores que entienden que el masismo incrementara sus medidas represivas.