El magistrado desplazó a los directores de la empresa, a los que cuestiona duramente por su pasividad y por la abultada deuda contraída. Los interventores serán un contador y un abogado que deberán hacer su propia evaluación de la situación.
El juez Fabián Lorenzini resolvió la intervención de la empresa Vicentin y desplazó a su directorio por un plazo (sujeto a prórroga) de 120 días.
En el fallo, el magistrado cuestiona duramente a los responsables de la firma. En primer lugar, por «la preocupante expansión de la deuda posconcursal» que contrajeron, «principalmente desde el mes de diciembre de 2024 en adelante». En segundo lugar, por no poder detener «el deterioro en los negocios, operaciones y finanzas de la concursada; a la vez que se tornaba cada vez más ostensible la impotencia de la actual administración para afrontar el cumplimiento de obligaciones esenciales y mantener la empresa en marcha».
Más adelante, insistió: «Quedó expuesta la falta de gestión y prevención del daño por parte del directorio y de la sociedad concursada». «Con su actitud, ambos naturalizan un escenario de parálisis societaria, abrazando (al parecer) como única certeza la espera pasiva de algún salvamento o -por el contrario- un pedido de quiebra por parte de acreedores posconcursales en el corto plazo, con crecimiento de dicha deuda (especialmente el pasivo laboral y fiscal), con las plantas desactivadas y mayores dificultades para retomar la marcha de los negocios; y con un impacto social más profundo aún», fustigó Lorenzini.
Según el juez, la intervención tiene tres objetivos centrales: 1) Prevención del daño en curso; 2) Protección efectiva de la empresa económicamente viable; y 3) Ante la imposibilidad de evitar una quiebra liquidativa, anticipar la protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos.
«Debemos admitir y asumir el difícil escenario que se presenta en la faz comercial, financiera, tributaria, operativa y laboral», advierte el juz, y vuelve a apuntar a «la falta de actuación tempestiva, preventiva y suficiente por parte del actual directorio».
Los directores fueron desplazados de sus cargos por 120 días sin goce de sueldo. No obstante, «deberán prestar colaboración y mantenerse a completa disposición de la intervención y demás órganos y auxiliares del proceso concursal».
Los interventores designados son el contador Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg, quienes sí tendrán una remuneración equivalente a la de los suspendidos directores.
Ambos veedores deberán presentar un plan de actuación y conformación de un grupo de colaboradores y auxiliares en un plazo máximo de 10 días.
Fuente: SFA/R1