El comienzo de la auditoría de las pensiones no contribuitivas por discapacidad laboral, dispuestas por el gobierno nacional, causó incertidumbre entre los beneficiarios que recibieron las cartas documentos con los turnos para concurrir al Hospital Italiano, donde se montó el operativo de control. Por eso, tanto desde el municipio como desde la Defensoría del Pueblo se habilitaron espacios de asesoramiento para las personas titulares de pensiones.
La secretaría de Salud de la Municipalidad se formaron equipos multidisciplinarios para dar respueta a la alta demanda que tienen los centros de salud en relación a la actualización de historias clínicas y gestión del trámite de las auditorías. Estiman que unas 5 mil personas, casi un tercio de los convocados a las auditorìas en Rosario, son usuarios del sistema de salud municipal.
Para ser atendidos por este grupo de profesionales, hay que solicitar turno en los centros de salud de la Municipalidad de Rosario.
Además, en cada uno de los centros municipales de distrito, las secretarías de Cercanía y Gestión Ciudadana y de Igualdad, Género y Derechos Humanos habilitaron espacios para realizar las cargas de la documentación posterior a las auditorías.
En el distrito Centro, hay que acercarse a la Dirección de Discapacidad (Corrientes 2452), de lunes a viernes, de 8 a 13.30; en el centro de distrito (Juan Domingo Perón 4602) funciona los lunes de 8 a 13; en el sudoeste (Francia 4435), los martes de 9 a 13; en el norte (Warnes 1917), los miércoles de 9 a 13; en el sur (Uriburu 637), los jueves, y en el noroteste, los viernes. Ambos en el mismo horario, de 9 a 13.
Por su parte, en la delegación local de la Defensoría del Pueblo de la provincia (pasaje Álvarez 1516) también se ofrece un servicio de asesoramiento para beneficiarios de pensiones no contirbutivas por discapacidad laboral. La dependencia provincial funciona de lunes a viernes, de 8 a 18. También se puede llamar al 472-1112/08.
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Para el caso de menores de edad, se puede recurrir además a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en Tucumán 1681, de lunes a viernes de 8 a 18. Teléfonos: 472-1587/88/89 y 156-914345.
El operativo de auditoría de pensiones no contributivas por invalidez laboral comenzó a la semana pasada en la ciudad. Desde fines de febrero, los titulares de este beneficio son citados para concurrir al Hospital Italiano, donde se montó un espacio especial para realizar los controles. Allí se deben acercar los beneficiarios y presentar los informes médicos que certifican la discapacidad.
Qué buscan las auditorías
Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a poblaciones vulnerables. Hay cuatro tipo de beneficios: por discapacidad laboral, para madres de siete o más hijos, para adultos mayores y las llamadas pensiones graciables que entrega el Congreso. Según datos oficiales existen en el país 1,5 millones de beneficiarios, de los cuales un millón son personas discapacitadas.
Según se indicó desde el gobierno nacional, las auditorías buscan detectar a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, que poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o cuentan con un empleo formal. También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa.
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Aún así, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia advirtieron que el opeartivo de fiscalización no tiene «planificación adecuada ni comunicación efectiva, lo que genera incertidumbre, sobrecarga a los efectores de salud y pone en riesgo la continuidad de haberes fundamentales para personas en situación de extrema vulnerabilidad» y, entre otros puntos, reclamaron que se extiendan los plazos de los controles.
La Defensoría provincial no es el único organismo que cuestiona el operativo dispuesto por el gobierno nacional. Desde los centros de salud del municipio manifestaron su preocupación por la posibilidad de que «se vulneren más derechos de los usuarios» y advirtieron sobre el «impacto que esto podría generar en sus condiciones materiales de vida y en la subjetividades individuales y comunitarias».
El Concejo Municipal aprobó el jueves pasado una resolución que expresa la preocupación del cuerpo «ante la decisión del gobierno nacional de implementar una auditoría general a todas las pensiones no contributivas que persigue claros objetivos de ajuste del gasto público como parte de una estrategia de corrimiento de la responsabilidad estatal en la garantía de derechos de las personas con discapacidad”.