El planteo de un grupo de presos de alto perfil alojados en la cárcel de Piñero que denunciaron condiciones de detención degradantes fue rechazado en una audiencia judicial. Siete internos del pabellón 28 indicaron que tienen impedido el contacto con el exterior, escasean alimentos, no les proveen ropa de cama ni vestimenta y permanecen “23 horas diarias encerrados”, con sólo media hora de permiso para salir al patio. Luego de cotejar informes médicos y penitenciarios, una jueza no hizo lugar al recurso de hábeas corpus, aunque recomendó a las autoridades que revisen la provisión de alimentos.
Los internos, la mayoría sindicados o condenados como jefes de bandas narcocriminales de renombre, pidieron la palabra en la audiencia que presidió este martes la jueza Marcela Canavesio. Conectados por videollamada desde prisión, indicaron que les “tiran” la comida cerca de la basura, que hay cables pelados en las celdas y que no reciben medicación o controles médicos. También se quejaron de que en otro sector de la cárcel se habilitaron visitas con contacto cuando, según las autoridades, ellos ven a sus familiares a través de un blíndex.
El recurso había sido presentado en marzo pasado por Ana Campodónico y Mariano Scaglia, abogados defensores del preso Jonatan Riquelme. «Jonita» fue detenido en diciembre pasado en el barrio porteño de Caballito. es el hermano de Francisco “Fran” Riquelme, acusado de dirigir una temida banda narco de Ludueña. Está en prisión preventiva como miembro de una asociación ilícita y supuesto instigador de un homicidio.
Luego de permanecer dos meses con pedido de captura, Riquelme ingresó a la cárcel de Piñero bajo el régimen de alto perfil, rótulo que sus abogados habían pedido revisar por estar basado en “calificaciones arbitrarias y dogmáticas”, aunque ese asunto no fue materia de debate en la audiencia. Se trata de una categoría para la cual el gobierno provincial impulsó una política de endurecimiento del régimen de detención y restricciones a visitas, habilitado por ley provincial en diciembre de 2023.
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El planteo de hábeas corpus se centró en revisar condiciones materiales en el encierro en el pabellón 28. Según Scaglia, apenas ingresó a la cárcel a su cliente le impusieron sanciones e impedimentos —como la prohibición de recibir visitas— que duran hasta el presente. Ya en la audiencia imputativa de los últimos días de diciembre, recordó, el propio Jonita había planteado que no le pasaban comida y que no tenía vestimenta.
Los presos de alto perfil que avalan el planteo
Condiciones similares reportaron otros siete internos que participaron del planteo. Entre ellos Héctor Daniel “Gordo Dani” Noguera, condenado a perpetua como jefe de una banda afín a Los Monos en Villa Gobernador Gálvez y Ramón Hernán Romero, más conocido como “Lichy”, un jefe narco de Nuevo Alberdi condenado a 29 años por instigar desde la cárcel de un violento secuestro.
El nombre de Carlos “Berraco” Olguín, conductor de un subgrupo dentro de la organización de Cristian “Pupito” Avalle, también integra la lista. Otros sindicados jefes de banda que conforman el grupo son Alexis Camino y Carlos Jesús “Pelo Duro” Fernández. A quienes se suman Noel Ramos, un cuñado del preso federal Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, y Gabriel “Gurí” Caminos, último prófugo de la banda del Peruano.
Todos cuentan con calificaciones de alto perfil por parte del Servicio Penitenciario y según el recurso judicial presentado son blanco de un “ensañamiento abusivo”. “Se ha dispuesto que transcurran su tránsito institucional en lo que se denomina buzones, lo que implica el alojamiento por el lapso de 23 horas en celdas sin contacto con el exterior y una hora de patio”, describe el planteo.
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Esto es, según el escrito, en la práctica se reduce a “media hora en un espacio un poco más abierto para poder caminar. A eso añadieron la restricción de las visitas, la prohibición del ingreso de alimentos y la privación de acceso a estudios, cursos o trabajo dentro del penal. Un cuadro que, señalan, ha generado agresiones y conflictos dentro del pabellón. Por último consignaron que reciben alimentación inadecuada y no les entregan ropa de cama ni abrigo.
Llamado de atención
El recurso se había presentado el 25 de marzo pasado y entonces fue rechazado sin llamado a audiencia por la jueza Melania Carrara. Los abogados apelaron ante una instancia superior y el camarista Horacio Pueyrredón, sin pronunciarse sobre el fondo, dijo que debía abrirse el debate para escuchar a las partes y revisar si se estaban lesionando derechos, aunque sin discutir la categoría del alto perfil.
Finalmente, tras la audiencia de ayer a la tarde la jueza Canavesio consideró que los informes médicos sobre el estado de salud de los internos, los reportes penitenciarios y las declaraciones de autoridades que participaron de la audiencia no dan cuenta de un agravamiento de las condiciones de detención. Por lo tanto, tal como lo había solicitado el fiscal José Luis Caterina, rechazó el recurso.
Cuando estaba expresando sus fundamentos en forma oral, algunos de los presos se retiraron de la sala de videoconferencia. Por este comportamiento la magistrada ordenó que se remita un registro audiovisual de la audiencia al Organismo Técnico Criminalístico de los cuatro ya condenados a fin de que se tenga en cuenta en sus legajos.
Por último, requirió a las autoridades de la Unidad 11 que efectúe “un seguimiento de las condiciones en que se entrega comida a los internos”.