POLÍTICA
La jefa de Gobierno asegura que la capital cuenta con una estrategia sólida, aunque el crimen organizado desafía su efectividad.
Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, asesor cercano, fueron asesinados en la calzada de Tlalpan. El ataque, perpetrado por al menos cuatro sicarios profesionales, ha sido interpretado como una posible venganza del crimen organizado tras recientes capturas de líderes delictivos.
Pese al atentado, Clara Brugada afirmó que la capital cuenta con una estrategia de seguridad “sólida, estructurada y efectiva”. Presumió una reducción del 66.6% en delitos de alto impacto entre 2019 y 2025, y un descenso del 10.7% en los primeros cuatro meses de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.
Investigaciones y controversias
La Secretaría de Seguridad Ciudadana suspendió a dos mandos policiales por presunta manipulación de pruebas en la escena del crimen. No obstante, la fiscal general de la CDMX negó cualquier alteración de evidencias, lo que ha generado mayor escepticismo entre la ciudadanía.
Críticas y demandas de seguridad
Este doble homicidio ha generado duras críticas a la estrategia de seguridad y ha encendido alertas sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Diversos sectores sociales exigen medidas contundentes para frenar la violencia y proteger a los servidores públicos.
Este nuevo crimen vuelve a poner en duda la política de ‘abrazos, no balazos’ impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Analistas advierten que dicha política ha facilitado la expansión de los cárteles en amplias zonas del país. El Financial Times reportó que estos grupos han extendido su control territorial, ante la pasividad del gobierno federal.
Incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que la estrategia de seguridad mexicana “no ha funcionado”, y subrayó que el país enfrenta una crisis grave en materia de seguridad.
La administración de Clara Brugada enfrenta ahora una creciente presión social y política. Mientras presume cifras de reducción delictiva, los asesinatos dirigidos contra funcionarios públicos evidencian el fracaso estructural de las políticas de seguridad en la capital.
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