En una conferencia de prensa realizada hoy en la Legislatura provincial, diputados y concejales del Frente de Izquierda, acompañados por integrantes de la Confederación Mapuche de Neuquén, anunciaron la presentación de dos proyectos: una declaración de repudio a la represión del pasado domingo y una resolución que insta al Poder Ejecutivo a cumplir con la entrega de personerías jurídicas a las comunidades.
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Andrés Blanco, diputado provincial del Frente de Izquierda, se refirió a la «brutal represión» vivida el domingo contra los pueblos originarios, calificándola como «un claro mensaje por parte del gobernador Rolando Figueroa que ha dado un salto en la represión, volviendo a viejas épocas, a las épocas del sobischismo». El legislador denunció que el operativo fue «racista», señalando que «había compañeros no mapuches que estaban en la manifestación que no sufrieron el mismo trato, aunque fueron detenidos, que sí recibieron los hermanos mapuches». Blanco repudió las amenazas recibidas por Jorge Nawel de «dispararle en la cabeza» y la violencia ejercida contra «niños, niñas, mujeres y mujeres mayores».
El diputado también insistió en que el gobierno debe otorgar las personerías jurídicas a las comunidades, afirmando que «no hay ningún problema administrativo. Acá hay una decisión política de este gobierno que, siendo fiel y respondiéndole a las petroleras, que son los que están atrás de todo esto, querían esta imagen. Por eso, para el día del amigo le regaló esta imagen Rolando Figueroa a las petroleras».
Por su parte, la diputada Julieta Ocampo destacó que el Frente de Izquierda lleva las luchas sociales a las bancas legislativas. Para Ocampo, lo ocurrido es «un cambio en la política que tiene el gobierno de Figueroa, que es la profundización no solamente de la represión, sino también del extractivismo y del saqueo que se lleva adelante acá en la provincia». Vinculó la represión y la negativa a otorgar personerías jurídicas con la lucha de las comunidades mapuches por el agua en Mari Menuco, donde se proyectan más de 500 pozos petroleros, y con la «persecución y criminalización que vienen viviendo hace siglos». La diputada aprovechó para convocar a la movilización que se realizará mañana jueves a las 17 horas en la ciudad de Neuquén, destacando que «esto no es solamente contra las comunidades mapuche, esto se va a profundizar y va a ser contra cualquiera que alce la cabeza y pelee por sus derechos».
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Yuliana Nawel Paredes, de la Confederación Mapuche, aseguró que la lucha por las personerías jurídicas y los derechos fundamentales del pueblo mapuche es «firme» y que «no tenemos miedo». Denunció que el ataque estuvo dirigido «sobre todo, atacando a la persona que es la que nos educa dentro del pueblo mapuche», lo que representa un «mensaje muy fuerte hacia nuestras infancias, nuevamente dejándonos, pisoteándonos nuestra identidad». Dijo que la represión del domingo llevó a la unidad y a salir a las calles, recordando que «Neuquén tiene una larga historia por los derechos humanos, la capital de los derechos humanos».
Mario Raiyan, también integrante de la Confederación Mapuche, denunció las «mentiras del ministro Carlos Tobares» y una «política clara de desconocer la ley» por parte del gobierno, incluyendo un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de 2012 sobre la responsabilidad provincial en el registro de comunidades.
Raiyan alertó sobre la gravedad de la represión, con consecuencias que pudieron ser fatales, y destacó la «enorme solidaridad del ciudadano, del vecino» y de las organizaciones que acompañarán la marcha del jueves. «Estamos convencidos que va a ser histórica, porque es demostrarle al gobernador Ceferino Figueroa de que estamos dispuestos un montón de la población a vivir un Neuquén más tranquilo», concluyó.
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La iniciativa de los proyectos presentados surge tras el «accionar represivo desplegado por la Policía de la Provincia del Neuquén el domingo 20 de julio contra las comunidades mapuche Ragilew Cárdenas, Kelv Kura, Fvta Xayen y Newen Kura», quienes reclamaban pacíficamente sus personerías jurídicas frente a Casa de Gobierno. El proyecto de declaración expresa «su preocupación por el cierre del diálogo y el incumplimiento del compromiso asumido por parte del Ejecutivo Provincial».
Los fundamentos del proyecto de declaración detallan un «operativo represivo sin precedentes» que dejó un saldo de 21 personas heridas y detenidas, incluyendo «dos adolescentes mapuche de 15 y 13 años con fisura de costillas por las patadas y golpes de escopeta en la cara». También fueron detenidos un integrante del Comité Provincial Contra la Tortura, una docente universitaria y un concejal mandato cumplido.
Las comunidades denuncian el incumplimiento de un acta firmada el 17 de septiembre de 2024 por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, donde se comprometía a otorgar la personería jurídica a esas cuatro comunidades en un plazo de 15 días. Es por eso que el proyecto de resolución, busca «instar al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén a concluir el trámite correspondiente a las personerías jurídicas de las comunidades», tal como fuera comprometido por escrito. Según los legisladores, las comunidades han cumplido con todos los requisitos, pero la falta de firma del gobernador Rolando Figueroa impide la concreción de este derecho.