El Gobierno nacional autorizó formalmente la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) por medio de la venta de las acciones que posee el Estado, a través del Decreto 494/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión se formaliza tras la modificación del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, que habilitó la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y, a gusto de los futuros propietarios, los cortes del servicio por falta de pago.
La normativa dispone la venta del 90% de las acciones de la compañía, que pertenecen al Estado nacional. Se hará en dos etapas. En una primera instancia, se realizará una licitación pública de alcance nacional e internacional para vender al menos el 51% del total del paquete accionario a un operador estratégico.
Avanza la privatización de Aysa: Milei habilitó los cortes de agua por falta de pago
El remanente de las acciones estatales que no haya sido vendido en la licitación se ofrecerá en bolsas y mercados del país. En este proceso no se implementará un nuevo Programa de Propiedad Participada.
Sin memoria
En este marco, quedó estipulado que “el Ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales”.
En el texto oficial, el Ejecutivo fundamentó la decisión aduciendo que “desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional”, precisando en base a los estados contables de la empresa que entre 2006 y 2023 el Estado realizó transferencias del Tesoro por aproximadamente US$13.400 millones.
Al respecto, indicó que “esta asistencia financiera del Estado Nacional no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA, reflejado en la disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros”.
El Estado es, en todo momento y lugar, algo malo
En este contexto, sostuvo que “la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional”.
De esta manera, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que “para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa”.
En este sentido, explicó que la medida busca “contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios”.
La empresa
El servicio de agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) había sido privatizado durante el gobierno de Carlos Menem y concesionado a la empresa Aguas Argentinas SA, operada por el grupo francés Suez.
El serviciofue re-estatizado en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando se creó Aysa. Y el año pasado, la empresa fue declarada sujeta a privatización en la Ley Bases. Tiene hoy 6.222 empleados. En 2024 registró un resultado operativo superavitario, aunque recibió aportes del Tesoro.
La empresa brinda el servicio de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del Gran Buenos Aires. El último informe de sustentabilidad de la compañía, con datos de 2023, refleja que la cobertura de agua potable llega al 75,1% de la población y la de cloacas, al 62,8%.
Entre 2017 y 2018, durante la gestión de Cambiemos, se incorporaron al área de concesión de AySA 9 municipios del Conurbano bonaerense, casi todos provenientes de la concesión de Aguas Bonaerenses SA.
Si se desglosa la cobertura con estas aclaraciones, como hacen los informes oficiales, se puede decir que desde la creación de AySA la cobertura de agua potable en el área de concesión original (CABA + 17 municipios) pasó del 76% en 2006 a 85% en 2022. Con este mismo criterio, la cobertura de cloacas pasó del 57% de la población en 2006 al 72,6% en 2022.
Qué pasa en la región con el agua
Hay tres países de América Latina que prohíben en su Constitución la participación privada en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Son Bolivia, Ecuador (contempla excepciones) y Uruguay, de acuerdo con un informe publicado en 2021 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según este mismo documento, Chile es el único país de la región que tiene casi todos sus servicios de agua y saneamiento en manos de privados. En Brasil, hay empresas mixtas, privadas y públicas que operan en los distintos municipios y estados.
En Paraguay, una empresa pública (ESSAP SA) tiene la concesión del servicio de agua en ciudades con más de 10 mil habitantes y hay prestadores privados en sistemas de baja escala. En Colombia, según los datos del BID, el 53,3% de los usuarios son abastecidos por empresas mayoritariamente públicas, el 24,1% por empresas mixtas y el 19,3% por empresas privadas.
En la Argentina, desde 1980, la administración del servicio de agua está en manos de los gobiernos provinciales, con excepción del AMBA, que está bajo jurisdicción nacional. A su vez, muchas provincias delegan los servicios de agua y saneamiento de algunas localidades en gobiernos municipales o en cooperativas.