Acusan a Milei en Nueva York de haber emitido una declaración engañosa que causó un fraude millonario

Una demanda colectiva en curso en los tribunales federales de Nueva York vuelve a colocar al presidente Javier Milei, en el centro de una acusación legal vinculada al colapso del token digital $LIBRA. Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon, en el escrito presentado por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, Milei habría publicado una declaración “altamente engañosa y estratégicamente planificada” que otorgó al criptoactivo una apariencia de legitimidad y respaldo oficial.

La publicación, un tuit del 14 de febrero —día del lanzamiento de $LIBRA— tuvo, según los demandantes, un impacto en quienes confiaron en ese token publicado por Milei. “Decenas de miles de consumidores razonables fueron engañados”, argumentan los abogados en el documento elevado a la jueza federal Jennifer Rochon, en el que también solicitan que se mantenga el congelamiento de más de 57 millones de dólares vinculados al fraude.

Hayden Davis, un empresario estadounidense señalado como el principal impulsor del token junto a su equipo de Kelsier Ventures, los demandantes lo acusan de haber orquestado un esquema fraudulento junto con colaboradores como Benjamin Chow, de la plataforma Meteora, y de haberse beneficiado mientras aparentaban actuar en defensa de los pequeños inversores.

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Milei, en la mira

Aunque la mención al presidente argentino no implica por el momento consecuencias legales directas, su inclusión en la demanda eleva la exposición internacional del caso donde lo muestran, como un estafador, o, cuanto menos, como siendo engañado por un estafador. De prosperar la acción civil colectiva, los demandantes podrían extender en el futuro sus acusaciones a Milei o incluso al Estado argentino.

Sostiene que el posteo de Milei fue utilizado para atraer inversores hacia un proyecto que, según los denunciantes, colapsó deliberadamente para beneficio de sus organizadores. “El dinero fue lavado a través de múltiples billeteras digitales, y los acusados han amenazado con transferirlo a la Argentina como una forma de apalancamiento”, denunciaron los letrados.

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La disputa por los fondos congelados

El litigio gira actualmente en torno a la decisión de la jueza Rochon de mantener inmovilizados los activos digitales, decisión que será revisada en una audiencia prevista para el 19 de agosto. Davis, en tanto, ha solicitado que se levante la medida, argumentando que busca transferir 500 millones de tokens a la Argentina, en el marco de una iniciativa denominada “Viva La Libertad”, para demostrar así que su intención era ayudar al país, y cerrar la investigación penal en su contra que tramita en los tribunales de Comodoro Py.

Los abogados de la demanda, sin embargo, advierten que tal transferencia implicaría un riesgo aún mayor de pérdida definitiva de los fondos. Subrayan que los acusados tienen conexiones con paraísos fiscales y que varios actores clave se encuentran fuera de Estados Unidos, lo que dificultaría cualquier intento de recuperación.

“La naturaleza de los activos digitales, fácilmente movilizables y anónimos, eleva el riesgo de daño irreparable si no se mantiene el congelamiento”, alertaron Burwick y Hoppin.

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Jurisdicción en disputa

Davis también ha cuestionado la competencia de la jueza Rochon para seguir con el caso en Nueva York, alegando no tener vínculos personales o empresariales con esa jurisdicción. Sin embargo, los demandantes argumentan que uno de los involucrados, Benjamin Chow, reside en la ciudad, y que las actividades relacionadas con el caso justifican que el proceso continúe en esa Corte.

Cuando salió a la luz el escándalo que involucra al presidente Javier Milei, se desató una profunda crisis en el gobierno. A medida que se conocían más detalles sobre la relación entre el mandatario y Hayden Davis, crecía la desconfianza hacia el “todopoderoso” economista. La pregunta que recorría esos días es si el presidente fue engañado —lo que pondría en duda su reputación como súper economista— o si, por el contrario, estaba directamente vinculado a un fraude financiero. Se trató de un golpe a la autoridad presidencial que podría reabrirse si la demanda colectiva de los damnificados, alcanzara a Javier Milei.

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