El juez federal de Campana Adrián González Charvay invalidó el veto que firmó el presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. El fallo que se conoció este lunes responde al amparo presentado por los padres de dos chicos de 11 años. Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, analizó los alcances de la resolución y aclaró en primer término que se trata de un fallo que responde a un caso puntual pero rescató que siente valioso precedente.
«Si bien se trata de un fallo para un caso particular, es muy valioso porque sienta un precedente. La cuestión semántica es importantísima porque ubica lo que venimos planteando hace muchísimo tiempo. La cuestión presupuestaria no puede estar nunca por encima de los convenios internacionales y por sobre el derecho a la salud y la educación de los hijos. Hay mucha celebración de que se ha declarado inconstitucional el veto presidencial y en realidad el fallo afecta solo a ese caso y es una sentencia que no está firme y puede ser apelada”, sostuvo Chapero.
En los fundamentos de su resolución, González Chavary hizo lugar al amparo al señalar que los hermanos padecen “trastornos generalizados del desarrollo” y “trastornos específicos en las habilidades escolares”. Esos niños asisten a un centro educativo terapéutico, además de su regularidad en un colegio especial, el mismo que en voz de sus autoridades expresó que el desfinanciamiento estatal ponía en riesgo su funcionamiento y los dejaba al borde del cierre. El fallo también indica que las instituciones a las cuales asisten estos chicos subsisten gracias a préstamos bancarios y donaciones.
Fallo judicial como precedente
En declaraciones a LT8, Chapero sostuvo que el fallo del juez González Charvay “sienta un precedente, no es aplicable a todo el país. Si el amparo me alcanzara a mí, tendría que presentarme en el Juzgado de Campana con ese antecedente. Sería caso por caso”.
“Lo que es muy valioso -remarcó Chapero- es que desde el discurso judicial se legitimen cuestiones que tienen que ver con el campo del derecho, las legislaciones internacionales que se están violando, porque con la excusa de que no se ha eliminado el sistema integral de prestaciones, sí se está desarmando el sistema por la precarización y desfinanciación a la que viene sometido hace tiempo y que lo está haciendo desaparecer”.
Embed – LA JUSTICIA INVALIDÓ EL VETO A LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD
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Y puntualizó: “Nosotros seguimos apostando a la sesión de mañana, y convocamos a la movilización al Congreso donde los diputados y diputadas van a tratar los vetos presidenciales, entre ellos de la ley de emergencia en discapacidad. Le solicitamos a los legisladores y legisladoras que contemplen las necesidades del pueblo que los votó para que estas leyes puedan entrar en funcionamiento y puedan proteger a las personas con discapacidad está desamparadas hace mucho tiempo”.
Movilización al Congreso por la ley de discapacidad
En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, se necesitará el voto afirmativo de una mayoría especial para poder rechazar los vetos que firmó la semana pasada el presidente Milei. Sobre esa cuestión, Chapero consideró: “Estamos con los votos justos. Por eso es importante movilizarse. Nos estamos comunicando con los legisladores desde las distintas organizaciones e invitamos a la población a ponerse en contacto con los diputados porque sus correos electrónicos están a disposición en la página web de la Cámara. Hay que explicarles las situaciones singulares. Cada familia tiene derecho a exigir a quien votó que resguarde sus derechos”.
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Chapero recordó que la ley que declara la emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso y vetada por Milei “contempla el sistema integral de prestaciones que está establecido a partir de la ley 24.901, que indica todas las prestaciones de salud y educación, transporte y rehabilitación. Lo que hace es recomponer la situación arancelaria de modo que acompañe la inflación que se produjo del 2023 a la fecha. Desde noviembre pasado no se actualizan aranceles”.
“También garantiza presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas y que las personas que están por afuera del sistema de pensiones puedan ingresar al sistema. En este momento hay más de 500 mil personas en el país que no lograron acceder, que han tramitado la pesión, pero no se las dieron. No solo podrían cobrar una pensión de 280 mil pesos, sino que además les permite ingresar al sistema de prestaciones. Esas personas están por fuera del circuito de educación, de formación laboral, de hogar, de rehabilitación, etc”, subrayó.