Mientras la defensa de Cristina Kirchner cuestiona el índice de actualización del decomiso que utilizó el Tribunal Oral para llegar a la suma dineraria de $684.990.350.139 (537 millones de dólares), el fiscal Diego Luciani rechazó el planteo y exigió la ejecución de bienes. La Cámara Federal de Casación Penal será la responsable de resolver el debate.
El 11 de septiembre se realizará la audiencia fijada por el presidente de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky.
Ante el máximo tribunal penal ingresó el expediente que tiene a estudio el recurso interpuesto por la defensa de Cristina Kirchner, contra la intimación cursada por el TOF 2 el pasado 15 de julio, para el pago del decomiso fijado en $684.990.350.139,86.
A esa cifra se llegó tras la actualización del monto determinado como el fraude cometido en la causa Vialidad. La cifra de base fue 85.000 millones de pesos, tal como se especificó en la sentencia de juicio que cobró firmeza por parte de la Corte Suprema el pasado 10 de junio.
Pero el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, dijo que no pagaría la parte de ese monto que le correspondiese porque el cálculo era incorrecto y además pidió que el TOF 2 decline su competencia en este proceso: es decir que la ejecución patrimonial la lleve adelante el fuero Civil y Comercial.
Parte del planteo fue concedido por el Tribunal y el reclamo se remitió a la Cámara Federal de Casación, pero sobre el decomiso y la competencia del fuero penal federal se pidió la opinión del fiscal Luciani.
El acusador en el juicio oral de Vialidad recordó que “en este juicio se acreditó la existencia —entre 2003 y 2015— de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente, se hayan desarrollado en la historia de nuestro país. Esta defraudación colosal trajo perjuicios inconmensurables para las arcas del Estado”.
Luciani señaló que “la principal responsable de esta maniobra —sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento— sigue anteponiendo todo tipo de artilugios y excusas. Esta vez, lo hace para impedir el recupero de los efectos del delito”.
Pará los fiscales Luciani y Mola, la defensa de la ex presidenta “ha buscado impunidad en cada etapa del proceso legal”.
A la hora de analizar el decomiso fijado en U$S 537 millones, los representantes del Ministerio Público explicaron que la suma que estableció el tribunal “no es una opción”, sino que es una “obligación prevista en la sentencia firme, en nuestro derecho interno y en los tratados internacionales sobre la recuperación de los activos producto del delito, de los que la Argentina es parte”.
En otros términos, se planteó que las ganancias de la maniobra delictiva alrededor de las 51 obras viales otorgadas a Lázaro Báez “además de no rendirles frutos, deben retornar al Estado”, consideraron los fiscales.
Esto debe materializarse “cumpliendo una obligación de dar, es decir, entregando la suma por la que fueron intimados. Dado que los condenados se niegan a devolver lo que sustrajeron ilegalmente, la Justicia debe procurar que respondan con el dinero, los bienes cautelados y el resto de los activos que compongan su patrimonio, hasta alcanzar el importe establecido en la sentencia”.
Como consecuencia, los fiscales exigieron la “inmediata ejecución de bienes” de Cristina Kirchner, rechazando su pedido de suspensión de este proceso. “La negativa de quien ha sido la máxima responsable de la defraudación a devolver el dinero ilegítimamente apropiado, es una clara afrenta al tribunal y a la sociedad, que ha sido la víctima de este flagelo”.
La discusión sobre los US$ 537 millones
El abogado Beraldi indicó que la decisión adoptada por el TOF 2 “carece de la más mínima fundamentación. Ello así, pues pese a las discrepancias notorias entre las metodologías propuestas por los peritos intervinientes, para actualizar el monto de decomiso el Tribunal adoptó el índice de precios al consumidor (IPC), sin explicar por qué descartó alternativas técnicas sólidas como la aplicación de tasas bancarias. Ello vulnera las exigencias constitucionales y legales que rigen la validez de las decisiones judiciales”.
Para llegar al monto que ahora quiere discutir Cristina, el Tribunal tuvo bajo estudio distintos cálculos. Los peritos contables de la Corte Suprema concluyeron que el decomiso en la causa donde la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado debe ser de 684.990.350.139,86 pesos.
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, también ponderó el informe de los especialistas en representación del Ministerio Público Fiscal, que expusieron seis cálculos diferentes: el de mayor valor era el calculado con el CER – BCRA y daba $723.890.304.604,90. Utilizando el índice de inflación del INDEC, llegaron al mismo valor que los peritos oficiales: $ 684.990.350.139,86.
En contraposición a esos números, el perito que asumió en representación de Cristina, José Lucas Gaincerain concluyó que ella y los demás condenados debían responder por un decomiso de solo $42.494.357.845.