La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a sacudir la escena judicial y política con una denuncia de alto impacto. Esta vez, el foco estuvo puesto en el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien resolvió prohibir la difusión de audios vinculados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.
Carrió consideró que la decisión del magistrado constituye un grave acto de censura y un ataque directo a la libertad de prensa, motivo por el cual solicitó su juicio político por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. La presentación, que también lleva la firma de Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, plantea además la necesidad de avanzar hacia la suspensión del juez, la apertura del procedimiento de remoción y, en última instancia, su destitución.
Carrió: «Estamos frente a un acto de censura»
El eje central de la denuncia de Carrió se basa en el expediente en el que Maraniello ordenó frenar la circulación de audios y chats de Karina Milei. Para la dirigente, esa medida «implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa» y un avasallamiento al derecho constitucional de la ciudadanía de acceder a información pública.
Con un tono firme, Carrió advirtió que la resolución del magistrado no solo protege a funcionarios del Gobierno, sino que también constituye un precedente sumamente peligroso para la democracia. «Estamos frente a un avasallamiento de la libertad de expresión«, insistió.
La denuncia contra el magistrado
En su escrito, Carrió y los dirigentes de la Coalición Cívica señalaron distintos hechos que, a su criterio, demuestran la inhabilidad de Maraniello para ejercer su cargo. Entre ellos, mencionaron la presunta connivencia con el Poder Ejecutivo a través del secretario de Justicia, Sebastián Amerio; su rol en la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, acusada de funcionar como red de tráfico de influencias; y las denuncias en su contra por acoso moral, sexual y violencia de género.
«Un juez con estas acusaciones abiertas, con expedientes en el Consejo de la Magistratura y con sospechas de irregularidades graves no puede ser quien defina límites a la prensa y, mucho menos, quien determine qué puede o no publicarse en un caso de enorme interés público», remarcó Carrió.
Un magistrado bajo la lupa
El juez Maraniello no es ajeno a las controversias. Actualmente enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual a empleadas de su juzgado. La Comisión de Disciplina ya abrió seis expedientes en su contra y le otorgó un plazo de veinte días para presentar su descargo por escrito, designar abogado y ofrecer pruebas.
Estas causas fueron iniciadas por personal de su propio juzgado y, en algunos casos, derivadas también a la Unidad de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal. Como consecuencia, el nombre de Maraniello ya integra el Registro Público de Denuncias contra magistrados por situaciones vinculadas a violencia de género.
Rechazo en el ámbito jurídico
La decisión de Maraniello de bloquear la difusión de los audios de Karina Milei también generó una fuerte reacción en el ámbito profesional. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado titulado «No a la censura», donde cuestionó abiertamente la medida cautelar.
«El fallo constituye un grave acto de censura previa, prohibido por la Constitución Nacional e incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión», remarcaron. El texto subrayó que la prohibición afecta derechos consagrados en los artículos 14 y 32 de la Constitución y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El trasfondo político
La denuncia de Carrió se produce en un contexto electoral sensible, ya que la medida judicial fue dictada a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Desde la Coalición Cívica interpretan que la resolución no solo buscó proteger a Karina Milei, sino que también puede haber tenido como objetivo blindar al oficialismo de eventuales escándalos públicos en plena campaña.
Con su estilo frontal, Carrió volvió a poner sobre la mesa un debate de alto voltaje: el de la independencia judicial frente al poder político. Al impulsar el juicio político contra Maraniello, la dirigente no solo cuestiona al magistrado en particular, sino que busca evidenciar lo que, según ella, es una peligrosa tendencia a naturalizar la censura y el encubrimiento en nombre de la institucionalidad.
«Este no es un tema personal ni partidario», enfatizó Carrió. «Se trata de defender la democracia y la libertad de expresión, pilares básicos de la República. Ningún juez puede ser instrumento de silenciamiento ni de protección política».