A una semana de la aprobación de la comisión especial de seguimiento e investigación sobre los casos de fentanilo contaminado, este miércoles quedará constituida y se definirán los pasos a seguir. Se anticipa un llamado al ministro de Salud, Mario Lugones, como representante máximo del gobierno nacional. También a las familias de las 96 víctimas para que tengan su lugar en la investigación.
La Cámara de Diputados de la Nación concreta el pedido por conformar este grupo de trabajo legislativo, sobre todo de las familias de Buenos Aires, para investigar relaciones políticas con la causa que investiga el Juzgado N°3 de La Plata, a cargo del Ernesto Kreplak.
Desde las 16 se conocerán los integrantes de esta comisión, que hasta el momento tiene a Mónica Fein y Eduardo Toniolli como representantes de Santa Fe. Además, se trazarán los pasos a seguir, los días y horarios de trabajo y si no existen diferencias entre sus integrantes, y se apuntaría una lista preliminar de convocados para exponer sobre el caso.
Hay al menos 96 casos en la causa, de los cuales 26 son de Rosario fallecidos en hospitales públicos y privados. Por su parte, la justicia pudo detectar irregularidades en la producción de dos lotes de fentanilo (31.202 y 31.244), como falta de control de calidad, documentación, deficiencia en esterilización y condiciones de higiene deficientes. Además, se investiga por un tercer lote perdido en el mercado negro. En la causa judicial hay 17 imputados, todavía faltan evaluar 77 historias de fallecidos y hay otros 30 pacientes que se sospecha pudieron haber agravado su cuadro por recibir este opioide en mal estado.
“Hay responsabilidades empresariales que se están investigando, del Laboratorio Ramallo y HLB Pharma, pero también responsabilidades de los organismos de control, particularmente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)”, indicó Toniolli a La Capital.
Toniolli aseguró que la investigación del Congreso “fundamentalmente busca llegar a la verdad” en torno al carácter político “que también tiene su responsabilidad por el alcance y la grave afectación a la salud pública”.
La investigación de los diputados
La comisión llevará adelante una lectura a partir de la evidencia empírica de qué es lo que falló en los lotes contaminados, “más allá de las responsabilidades penales, que lo va a definir la justicia”, explicó Toniolli. La comisión podrá convocar funcionarios, expertos en medicina, representantes de los organismos públicos o los sanatorios involucrados, así como recibir denuncias. Todas estas reuniones serán públicas, salvo que se haga un pedido formal de reserva.
“Tiene que haber también una lectura de carácter político de esa evidencia en el sentido de generar las condiciones para que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir”, agregó el diputado de Unión por la Patria. La comisión de investigación estará en funcionamiento hasta el 9 de diciembre, cuando deberá presentar un informe final con conclusiones, responsabilidades y propuestas legislativas.
El legislador por Santa Fe no descartó el llamado a Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, y funcionarios de la Anmat y planteó el llamado a las familias de las víctimas del opioide contaminado porque “no sólo tiene que haber una expresión clara de los actores intervinientes en el sistema de salud”.