La crisis en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo de conflicto y malestar. Transportistas y prestadores del área advirtieron que podrían interrumpir los servicios esta semana luego de que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) suspendiera sin previo aviso una reunión del Directorio que debía definir una actualización de los aranceles.
El encuentro había sido convocado para el viernes pasado por el titular del organismo, Alejandro Vilches, pero fue cancelado tres horas después, bajo el argumento de “motivos de fuerza mayor”. La decisión generó indignación entre prestadores, organizaciones y familias que esperaban la aprobación del aumento prometido por el gobierno nacional.
Reclamos del sector en Rosario
Desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atraes) expresaron su “profunda preocupación ante un nuevo atropello del gobierno nacional”. Su presidente, Pablo Bolego, advirtió que “es probable que esta semana se suspenda todo tipo de servicios y prestaciones”.
“La falta de respuestas y el desprecio institucional están llevando al límite a quienes sostienen el sistema. Es angustiante lo que hacen, no se puede soportar más”, sostuvo Bolego, quien además reclamó que se restituya de manera inmediata la convocatoria al Directorio y se cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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El dirigente remarcó que “la suspensión intempestiva de la reunión no solo posterga decisiones urgentes, sino que parece orientada a disuadir futuras protestas”. Y agregó: “Cada día de demora es una vulneración más. La discapacidad no puede seguir siendo rehén de la improvisación y el destrato”.
Una reunión suspendida y un presupuesto sin ejecutar
La reunión del Directorio de la Andis era esperada por todo el sector, ya que debía definir el aumento del nomenclador de prestaciones, un reclamo histórico de los prestadores que desde hace meses denuncian desfinanciamiento y atrasos.
Según fuentes oficiales, la Decisión Administrativa Nº 24/2025 transfirió a la Andis una partida superior a los 121 mil millones de pesos destinada específicamente a estos incrementos durante octubre. Sin embargo, el dinero aún no fue aplicado, ni desde la Agencia ni desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
El último aumento al sector data de diciembre de 2024, cuando los aranceles se ajustaron apenas un 0,5 por ciento, cifra considerada “insuficiente” ante la inflación acumulada y los mayores costos de transporte, insumos y personal.
Clima interno y denuncias de maltrato institucional
En paralelo, la situación interna en la Andis también se tensó. Durante la semana pasada se registraron escenas de protesta y tensión entre trabajadores del organismo que reclaman aumentos salariales pendientes desde principios de año.
Atraes y otras entidades del sector sostienen que el gobierno nacional “desactiva los espacios de diálogo” y “desarticula los mecanismos institucionales que permitirían avanzar en soluciones concretas”.
“Se incumple sistemáticamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente desde junio, y no hay señales de una voluntad política real para revertir la crisis”, señalaron desde la organización.
Un servicio en riesgo
Ante la falta de definiciones, los transportistas advirtieron que analizan suspender los traslados a personas con discapacidad durante los próximos días, lo que afectaría a miles de familias en todo el país.
“Llegamos a un punto límite. La Andis recibió los fondos, pero no ejecuta los aumentos. Mientras tanto, los prestadores no pueden seguir trabajando en estas condiciones”, lamentó Bolego.
La suspensión de la reunión del Directorio, sumada a los reiterados incumplimientos y la falta de comunicación oficial, dejó en evidencia la profunda crisis del sistema nacional de discapacidad, que atraviesa su momento más delicado en años.