“Durante el año 2024, el monitoreo sobre las condiciones de detención en los centros dependientes de la policía arrojó datos alarmantes respecto a la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad”, dice el Informe de Gestión 2024 del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que tras la reforma constitucional de este año pasó a llamarse Ministerio Público de la Defensa (MPD). “Se registraron 241 víctimas que reportaron 830 hechos de torturas, malos tratos y otras formas de afectación de derechos en cárceles de la provincia”.
“La caracterización sociodemográfica de las víctimas revela que el 75% tiene menos de 34 años, lo que parece indicar una cierta selectividad etaria y, en muchos casos, territorial, de las prácticas abusivas”, dice el informe, firmado por la titular del organismo, la defensora general Estrella Moreno Robinson.
En el apartado sobre Violencia institucional en centros dependientes de la Policía, el documento señala que a través del Registro Provincial de Violencia Institucional “se relevaron 240 víctimas de violencia policial en distintas circunscripciones judiciales de la provincia”.
En esa línea, agrega que “este diagnóstico permitió identificar prácticas sistemáticas de abuso, maltrato y tortura en diversas etapas del proceso de detención: desde el primer contacto con las fuerzas policiales, pasando por el traslado, hasta el alojamiento en las comisarías o alcaidías”.
De acuerdo al relevamiento del MPD, durante 2024 “se registraron 241 víctimas que reportaron 830 hechos de torturas, malos tratos y otras formas de afectación de derechos en cárceles de la provincia”. Los tormentos físicos fueron 170 casos relevados, las torturas psicológicas 122 y la «otras afectaciones a los derechos humanos» contabilizaron 538 casos.
Estas cifras revelan que, en promedio, “cada denunciante declaró haber sido víctima de al menos cuatro prácticas violatorias de sus derechos fundamentales”, dice el informe, y agregar que “a los fines de su análisis y sistematización, las situaciones fueron clasificadas en tres grandes categorías: físicas, psicológicas y otras afectaciones a los derechos humanos”.
Un año antes, según el informe de Violencia Institucional de 2023, hubo más víctimas pero menos hechos. “Durante el año 2023 se registraron un total de 348 víctimas de malos tratos, abusos y torturas por parte de la policía, de los cuales en el primer contacto con las fuerzas de seguridad hubo un total de 654 abusos distribuidos en: 520 agresiones físicas, 45 armado de causas, 34 amenazas, 55 requisas vejatorias y 24 robos/ hurtos de pertenencias”, reseña aquél informe.
De acuerdo al trabajo estadístico, “se denunciaron 114 casos vinculados al deterioro de las condiciones materiales del alojamiento, sumado al robo o destrucción de pertenencias personales, como dinero, ropa y objetos de valor”. Los jóvenes, como se dijo, conforman las preferencias de los verdugos. “La caracterización sociodemográfica de las víctimas revela que el 75% tiene menos de 34 años, lo que parece indicar una cierta selectividad etaria y, en muchos casos, territorial, de las prácticas abusivas”, abunda.
Para la defensa oficial, no se trata de hechos aislados sino de prácticas sistemáticas que conforman “un patrón” a base de la recurrencia de su uso en dependencias policiales de la provincia de Santa Fe.
“La recurrencia de estas formas de violencia institucional configura un patrón que obliga a repensar de manera estructural el rol de las fuerzas policiales en contextos de detención, así como la necesidad de políticas públicas orientadas a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, desde una perspectiva democrática e inclusiva”, define.