Sectores locales vinculados al área de discapacidad lamentaron la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que el gobierno nacional oficializó el pasado 3 de enero a través del Boletín Oficial. Aseguran que la decisión tomada por Nación significa «un retroceso», en el marco de un discurso y persecución para «poner en contra de la sociedad» a las personas con discapacidad. En ese marco, se mostraron escépticos con la promesa de la creación de una Secretaría y sentenciaron: «Es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema».
La medida provocó un cimbronazo el pasado 30 de diciembre, cuando se anunció por medio de la vocería oficial la eliminación de la Andis, en medio del escándalo por presunta corrupción que involucró y le valió el procesamiento a funcionarios del gobierno. Entre tanto, el 13 de diciembre, el juez federal Adrián González Charvay de Campana había ordenado la inmediata aplicación de la ley Nº 27.793 en todo el territorio nacional, al tiempo que declaraba la invalidez del decreto impulsado por el presidente Javier Milei.
Disolución de la Andis
«La disolución de la Andis significa la pérdida de un espacio autónomo muy importante para las personas con discapacidad. La solución era poner en claro muchas situaciones que sucedieron dentro del ámbito de la misma dependencia. Esto es un castigo más al que vienen soportando las personas con discapacidad en este último tiempo», opinó en declaraciones a La Capital Fabiana Rijo, quien además de ser madre de un hijo con discapacidad, también es referente de Olimpiadas Especiales Argentina (OEA), en Rosario y alrededores.
En ese marco, aseguró que «perder este ente autónomo es dejar a las personas con discapacidad y a sus familias a la deriva. Ahora no sabemos a quién recurrir específicamente para solicitar apoyo, asistencia o programas que promuevan la inclusión de esas personas. Es un retroceso totalmente injusto».
Discursos polémicos
En ese contexto, la presidenta la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, aseguró que con todos estos mecanismos a nivel gubernamental «se instala un discurso que busca poner (a la sociedad) en contra de las personas con discapacidad» como ocurrió, para citar un ejemplo, con la radiografía de un supuesto perro que expuso el ex vocero Manuel Adorni.
La referente local de Apridis consignó que estas medidas ocurren como una novedad que podría ser fructífera, mientras tanto hay aranceles «congelados» que no acompañan el proceso inflacionario, el cese de otorgamiento de pensiones y la quita de acompañamiento y otras terapias para quienes padecen algún tipo de discapacidad.
image – 2025-12-10T152734.073
Sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
«Hasta agosto de 2025, por ley era requerido el 70% de aumento para el sector involucrado, pero el gobierno aplicó un incremento escalonado en tres meses entre 29% al 34%, según la prestación. Es decir que hay muchos profesionales y otros actores que percibirán, porque aún no terminaron de cobrarlo, menos de la mitad de lo que dice la ley», cuestionó Chapero.
>>Leer más: Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia Federal ordenó su inmediata aplicación
En ese marco, lamentó que «mucha gente se quedó sin pensión y sin cobertura de obras sociales por la constante pérdida de fuentes laborales. Lo peor de todo es que en muchos casos son niños y ese tiempo que se pierde no tiene retorno, es muy triste. Cada vez más personas fuera del sistema y no hay respuesta porque las personas con discapacidad son consideradas un gasto. De esa manera hoy hay 700 mil personas en el país que esperan por una pensión».
Más allá de la promesa en la agilización burocrática en los procesos de pago de pensiones y otras tramitaciones correspondientes, Chapero se preguntó «cómo van a articular políticas de salud, accesibilidad, inclusión educativa, entre otros detalles intersectoriales que abarcaba la Andis».
Fractura expuesta y corrupción
«Cada vez queda más expuesta la política de este gobierno en materia de discapacidad, que tiene que ver con cuestiones mucho más amplias que van más allá de la salud de las personas. Hoy queda reducida a una cuestión ligada a la salud. En este sentido es una medida regresiva para pensar el modelo de discapacidad porque la reduce a una cuestión médica», apuntó.
Discapacidad 23.10 (2)
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
«El problema no son los organismos, sino los funcionarios que cometen corrución», criticó respecto a la situación que expuso las irregularidades gubernamentales con los fondos del área de discapacidad que investiga la Justicia.
Mariela Peña, presidenta de la asociación Incluime Santa Fe, señaló: «Nos encontramos sumamente preocupados y en estado de alerta producto de esta decisión que tomó el gobierno de eliminar la Andis como corolario de un año donde verdaderamente fue una persecución y una estigmatización al colectivo de personas con discapacidad».
>>Leer más: Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno
Peña describió que la pérdida de jerarquía del organismo genera automáticamente la disminución de presupuesto porque eso incide en el tipo de partidas presupuestarias. «No es lo mismo ser una sgencia que una secretaría», evaluó.
A su vez, también objetó que la futura nueva Secretaría dependa del Ministerio de Salud. «Es limitar el análisis de las políticas públicas a políticas sanitarias y nosotros entendemos que la discapacidad no debe ser analizada de un modelo médico, sino desde un modelo social», argumentó.
«Lamentablemente es la bala de plata que viene a liquidar todo un sistema y no queda claro cómo va a funcionar el programa Incluir Salud. Eso hoy migró a esta secretaría, pero no queda claro si siguen estando las mismas personas, con qué presupuesto van a contar, qué prestaciones se van a brindar, y esto genera, en el inicio del año, mucha incertidumbre», concluyó.