El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) solicitó la intervención de la Cancillería argentina en el caso de la abogada Agostina Páez, quien permanece detenida con prisión preventiva y monitoreo mediante tobillera electrónica en Río de Janeiro, Brasil, acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un restaurante.
En declaraciones difundidas por el organismo, el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, consideró que “las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas” y planteó que “es posible continuar con el proceso y que la joven pueda retornar al país”, al tiempo que reiteró el pedido de asistencia consular y seguimiento institucional del caso.
La entidad hizo el pedido a través de una nota dirigida al canciller Pablo Quirno en la que reclamó que se adopten gestiones oficiales para garantizar el pleno resguardo de los derechos y garantías de la letrada, oriunda de Santiago del Estero, en su condición de ciudadana argentina.
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El ex camarista del Jucios a la Juntas en 1985 sostuvo que la Argentina «ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”.
En consecuencia, afirmó que “corresponde arbitrar los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes a fin de verificar que (…) cuente con asistencia adecuada y que el proceso que la involucra respete plenamente las garantías judiciales reconocidas por los estándares internacionales”.
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El reclamo de los abogados santiagueños por Agostina Páez
A través de una carta enviada por Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, la entidad expresó su preocupación por la situación de la abogada matriculada en esa jurisdicción.
“Conforme lo expresado oficialmente por nuestra institución, consideramos que la situación de la abogada Agostina Páez en su privación de la libertad en las circunstancias en las que viene atravesando ha excedido un margen de razonabilidad tal que, a esta altura, su desproporción procedimental supera cualquier ánimo de preservación derechos que pudiera argumentar la Justicia de la República Federativa de Brasil», sostuvo.
Y planteó que se vulnerarpn «derechos fundamentales» y se comprometió «la vigencia de las garantías procesales que rigen en todo Estado de Derecho”.
El caso de Agostina Páez en Ipanema y su situación
Agostina Páez permanece bajo un régimen de libertad controlada que incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica. La justicia brasileña le prohibió salir del país y le impuso la obligación de presentarse ante los tribunales locales una vez por mes, entre el 1 y el 10. La abogada debe residir en el domicilio fijado mientras la causa por injuria racial sigue su avance.
El caso se inició el pasado 14 de enero, cuando fue filmada haciando gestos discriminatorios hacia los empleados de un bar en la zona de Ipanema. La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero basándose en ese video. Consideró que la prueba era suficiente para la imputación.
Sin embargo, la defensa de la argentina presentó otra grabación donde se observa a un mozo insultándola y realizando gestos obscenos en la calle, lo que motivó una contradenuncia por provocación previa.
LT