El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, enfrenta una imputación formal por el delito de enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta a partir de un requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó que se investigue el patrimonio del funcionario del partido La Libertad Avanza. La causa se encuentra radicada, por el momento, en el juzgado de Ariel Lijo.
Los fundamentos de la investigación
La acción legal se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. El fiscal Pollicita consideró que existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa sobre el patrimonio de Adorni. El delito de enriquecimiento ilícito está tipificado para perseguir penalmente la corrupción y se configura cuando un funcionario público no puede justificar un incremento patrimonial apreciable ocurrido durante su gestión o hasta dos años después de cesar en el cargo.
Los puntos de la denuncia
La presentación de la legisladora incluye varios aspectos que serán investigados. En primer lugar, se menciona un presunto uso indebido de bienes del Estado durante el período en que Adorni ocupó un cargo en el Ministerio de Cultura, entre 2017 y 2018. Otro punto cuestiona la financiación de un viaje a Punta del Este durante la temporada alta del último verano.
Además, la denuncia se extiende a la pareja del funcionario, Bettina Angeletti. Se solicita que se investigue con qué fondos se constituyó una consultora en el año 2024. Según los dichos de Pagano, difundidos por medios locales, esta consultora tendría solo tres clientes, todos vinculados a empresas estatales. Uno de ellos sería el Grupo Foster, cuya apoderada competiría en la licitación de Tecnópolis.
La respuesta del funcionario
En el marco de esta causa, el propio Adorni brindó información sobre su situación habitacional. Este miércoles, el ex vocero presidencial admitió públicamente que reside en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Según los datos aportados, la adquisición de este inmueble se habría concretado en el año 2025.
La investigación, que ahora avanza con la imputación formal, buscará determinar la procedencia de los recursos utilizados en estas y otras operaciones patrimoniales. El caso se suma a otros expedientes que examinan la conducta de funcionarios públicos en el manejo de sus bienes personales durante el ejercicio de cargos estatales.