El juez José Boaglio formuló cargos contra el adolescente de 15 años y resolvió mantenerlo en un centro de menores. Las autoridades del MPA destacaron la complejidad de la investigación, que continúa, y confirmaron que la escuela permanecerá cerrada por ser escena del crimen.
El juez José Boaglio formuló este viernes los cargos contra el adolescente de 15 años involucrado en el hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde falleció Ian Cabrera, de 13 años. El magistrado resolvió que el joven continúe alojado en un centro de atención para menores y, al concluir la audiencia, impuso el ‘principio de reserva’ en todas las actuaciones futuras.
En una conferencia de prensa posterior, el fiscal regional Carlos Vottero y su equipo de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente brindaron detalles del procedimiento. Vottero expresó su disconformidad con la decisión del juez de no permitir la presencia física del adolescente en la audiencia, la cual se desarrolló con el joven conectado en línea desde la ciudad de Santa Fe. ‘Lamento mucho como fiscal regional la no presencia del menor en la sala’, afirmó, argumentando que su presencia hubiera facilitado la reflexión y responsabilización.
Por su parte, el fiscal Luis Schiappa Pietra se mostró conforme con las medidas dispuestas, que fueron solicitadas por la Fiscalía en conjunto con organismos de Niñez. ‘Se hizo lugar a lo que pedía la Fiscalía’, señaló. Respecto a la investigación, Schiappa Pietra afirmó que ‘es una investigación muy compleja’ y que ‘va a continuar’. Además, explicó que ‘este fue un hecho que tuvo cierta planificación’ y que dicha planificación ‘estuvo atravesada por una serie de vínculos con redes sociales’, aspectos que son materia de investigación.
El fiscal Mauricio Spinoza confirmó que la escuela Mariano Moreno, al constituirse como escena del hecho, ‘permanecerá un tiempo más resguardada a los fines investigativos’. Agregó que se mantiene contacto con el Ministerio de Educación para la resolución de la situación escolar.
La audiencia se desarrolló sin la presencia de los padres de la víctima fatal ni de los otros menores afectados, aunque sí asistieron otros familiares. El caso se rige por la ley 22.278, ya que la nueva legislación nacional entrará en vigencia recién el próximo 5 de septiembre.