Chantal «Tati» Leclercq, residente del hospital porteño, fue allanada en su domicilio en el marco de la investigación por la muerte de Alejandro Zalazar, aunque no está imputada.
La investigación por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hallado sin vida por una sobredosis de propofol y fentanilo, sumó un nuevo capítulo con el allanamiento a la médica Chantal «Tati» Leclercq, una residente del Hospital Rivadavia que quedó bajo la lupa en la causa.
Leclercq es una joven médica residente de tercer año en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Vive en la zona norte del Gran Buenos Aires y se graduó en 2022 en la Universidad Austral. Durante su formación, entabló una relación cercana con Delfina «Fini» Lanusse, también residente en anestesiología, quien aparece vinculada a la investigación por presunto robo de medicamentos. Ambas compartían actividades sociales y mantenían presencia activa en redes sociales, aunque en los últimos días pusieron sus perfiles en modo privado.
El procedimiento se realizó este miércoles por la mañana en la vivienda de Leclercq, ubicada en el country Santa Bárbara, en un operativo conjunto entre la Sub DDI de Tigre y la Policía de la Ciudad. Por orden del fiscal Eduardo Cubría y el juez Santiago Bignone, se secuestraron un teléfono celular y un iPad, que serán peritados para analizar posibles vínculos con la causa. Sin embargo, durante el allanamiento no se encontraron medicamentos.
Pese a haber sido allanada, Leclercq no está imputada en la causa. Fuentes judiciales indicaron que figura únicamente como «identificada» en el expediente. Los investigadores explicaron que este tipo de medidas pueden realizarse sobre personas que no están acusadas formalmente, por ejemplo, cuando se busca preservar pruebas o evaluar su posible rol como testigos.
La causa investiga una posible red de robo y uso indebido de sustancias médicas, en particular propofol y fentanilo, dos drogas de uso hospitalario con alto riesgo. En ese marco, también se analiza la existencia de encuentros privados conocidos como «fiestas del propofol», donde se consumían estos fármacos bajo supervisión informal. Según fuentes de la investigación, en estos eventos se dosificaban las sustancias y se contaba con equipamiento básico para asistir a los participantes en caso de complicaciones.
Además del caso de Zalazar, la Justicia también investiga otras muertes vinculadas al consumo de estas sustancias, mientras se esperan resultados clave de pericias toxicológicas y análisis de elementos secuestrados. El avance de la causa dependerá de estos estudios y de la reconstrucción de los posibles vínculos entre los distintos involucrados.