Un análisis sobre la importancia de la idoneidad ética de los magistrados, su rol en el Estado de Derecho y las normativas que la regulan, con aportes de expertos internacionales.
La ética de los jueces constituye un tema crucial para el funcionamiento de la República y la confianza social. Parafraseando una idea de Ítalo Calvino, así como un puente se sostiene por la línea del arco que forman sus piedras, la República se conforma por las instituciones que la integran, siendo los magistrados piezas indispensables para su estabilidad.
Reflexionar sobre la ética judicial implica añadir a este concepto una connotación que debería ser intrínseca a la condición de magistrado, ya que la actividad jurisdiccional es inconcebible sin una base ética. La ética, en su sentido estricto, se refiere a los sistemas de conducta y al estudio de los deberes, cimiento sobre el cual se han erigido las normas de la ética profesional.
En la actualidad, la ética aplicada ha cobrado especial relevancia, extendiéndose también al ámbito judicial. Según el filósofo español Manuel Atienza, existen razones para esta orientación: el pragmatismo de la cultura contemporánea que exige eficacia en la resolución de problemas, la complejidad de la vida que demanda criterios de justicia más allá de lo técnico, y una cierta desorientación social sobre lo que significa ser un «buen» profesional hoy.
La ética de los jueces no difiere esencialmente de otras éticas profesionales, ya que la ética es única y última en el razonamiento práctico. Por ello, a la idoneidad técnica del juez debe sumarse una «idoneidad ética», compuesta por virtudes morales sin las cuales la pericia técnica carece de valor.
Existen diversas regulaciones internacionales que abordan este tema, como el Estatuto del Juez Iberoamericano y la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia. Se destaca especialmente el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial (2006), en cuya elaboración participaron expertos como Rodolfo Vigo y el propio Manuel Atienza.
Este código subraya que, en un Estado de Derecho, al juez se le exige esforzarse por encontrar la solución justa y conforme al Derecho. El poder que la sociedad le confiere mediante mecanismos constitucionales conlleva exigencias particulares, lo que implica que el magistrado debe preocuparse tanto por «ser» digno de su función como por «parecerlo», para no suscitar dudas en la ciudadanía.
El Derecho debe orientarse al bien y al interés general, pero en la función judicial adquieren especial importancia los bienes e intereses de los justiciables, abogados y demás servidores de la Justicia. La ética judicial, por tanto, debe aplicarse desde una lógica ponderativa que busque un punto de equilibrio entre los distintos valores en juego.