Un análisis sobre la importancia de la idoneidad ética de los magistrados, su regulación y su impacto en la confianza social, con aportes de especialistas y referentes del ámbito jurídico.
La ética de los jueces constituye un tema crucial para la sociedad argentina y, en particular, para la santafesina. La reflexión sobre este aspecto fundamental del sistema judicial adquiere relevancia a partir de aportes de especialistas y exmiembros de órganos como el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Parafraseando una idea de Ítalo Calvino, puede decirse que la República se sostiene, como un arco, por la conjunción de sus piezas. Entre ellas, los jueces resultan indispensables; sin su presencia y correcto funcionamiento, la estructura podría colapsar, generando un perjuicio significativo para la sociedad.
La ética, como rama de la filosofía que estudia la moral y las obligaciones humanas, se aplica en dos sentidos principales. En sentido amplio, alude a los actos humanos y las normas de conducta en los órdenes del derecho y la moral. En sentido estricto, se refiere específicamente a los sistemas de conducta de la doctrina moral. Ambos comparten un núcleo común: el estudio de los deberes, base sobre la cual se han construido las normas de la ética profesional.
En la actualidad, la ética aplicada ha cobrado especial importancia, extendiéndose a diversas áreas, incluida la judicial. Según el filósofo español Manuel Atienza, existen razones para esta relevancia. Primero, el pragmatismo de la cultura contemporánea exige que las instituciones, incluida la judicatura, funcionen y resuelvan problemas reales de manera eficaz. Segundo, la complejidad de la vida demanda que el ejercicio profesional no se limite al conocimiento técnico, sino que incluya criterios de justicia sobre los fines y los medios. Finalmente, los cambios sociales acelerados generan cierta desorientación sobre lo que significa ser un «buen» profesional o un «buen» juez hoy.
La ética de los jueces no difiere en esencia de otras éticas profesionales, ya que la ética es única y última en el razonamiento práctico. Por ello, a la idoneidad técnica del magistrado debe sumarse una idoneidad ética, compuesta por virtudes morales sin las cuales la pericia técnica pierde valor.
Existen diversas regulaciones internacionales que abordan este tema, como el Estatuto del Juez Iberoamericano y la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia. Destaca especialmente el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial (2006), en cuya elaboración participaron expertos como Rodolfo Vigo y el propio Manuel Atienza.
Según la exposición de motivos de este Código Modelo, en un Estado de Derecho se exige al juez que se esfuerce por encontrar la solución justa y conforme a Derecho para cada caso. El poder que ejerce procede de la sociedad, que lo selecciona mediante mecanismos constitucionales basándose en idoneidades específicas. Este poder conlleva exigencias que no aplican al ciudadano común. Por ello, el juez debe preocuparse no solo por «ser» digno de la función, sino también por «parecerlo», para no suscitar dudas en la sociedad sobre el cumplimiento de su servicio.
El Derecho debe orientarse al bien y al interés general. En la función judicial, adquieren esencial importancia los bienes e intereses de los justiciables, abogados y demás servidores de la Justicia. La ética judicial debe aplicarse desde una lógica ponderativa que busque un punto de equilibrio entre los distintos valores en juego.