A pedido del fiscal Stornelli, el magistrado solicitó documentación para determinar si hubo contrataciones entre organismos públicos y firmas ligadas a Bettina Angeletti.
El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas medidas de prueba para esclarecer si existieron contrataciones entre organismos del Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y a pedido del fiscal federal Carlos Stornelli.
El magistrado solicitó una copia de expedientes administrativos y documentación anexa vinculada a distintos procesos de contratación. La denuncia indica que Angeletti, socia de la consultora +Be, pudo haber sido beneficiada por contratos del Estado con firmas en las que participa.
Entre las medidas, Lijo requirió información sobre la provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento; la contratación de servicios de envío masivo de SMS; la provisión de mensajería SMS; la implementación y soporte técnico de herramientas Jira/Confluence; servicios de correos transaccionales; y la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis.
Además, requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que remita los legajos societarios completos de las firmas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A. para analizar su composición y posibles vínculos.
En paralelo, se solicitó a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que informe si las empresas DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. registran contrataciones con el Estado nacional. El objetivo es confirmar si la consultora +Be está vinculada a alguna de estas empresas contratistas públicas.