La senadora santafesina Carolina Losada fue denunciada ante la justicia federal por apología del crimen y otros delitos, tras presentar un proyecto de ley que busca endurecer penas por falsas denuncias en casos de violencia de género.
La senadora santafesina Carolina Losada fue denunciada penalmente por su proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes. La denuncia, presentada ante la justicia federal, fue encabezada por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos, y firmada por una larga lista de referentes en derechos humanos.
Los denunciantes acusan a Losada de llevar adelante “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales”. Asimismo, sostienen que el proyecto se apoya en un fenómeno “sin sustento estadístico”. Entre los delitos imputados figuran coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.
Un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que relevó 8.254.672 casos penales en 17 provincias durante el período 2023-2025, indica que las investigaciones por falsa denuncia representan el 0,09% del total (una cada 1.098 causas), mientras que el falso testimonio alcanza el 0,025% (una cada 3.940). El informe concluye que “no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”. Además, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos patrimoniales, vecinales o laborales, y solo el 8% al ámbito de violencia de género o intrafamiliar.
La iniciativa de Losada no crea un nuevo delito, sino que propone endurecer penas para figuras ya existentes en el Código Penal. En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, la pena pasaría de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años, volviendo el delito no excarcelable. En falso testimonio, la pena pasaría de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años. Losada y las organizaciones que la apoyan argumentan que existe un aumento de medidas judiciales sin prueba suficiente en causas de violencia de género, con graves consecuencias para los denunciados.
Organizaciones de abogadas feministas y referentes de derechos humanos advierten que endurecer las penas podría provocar un efecto inhibidor sobre las víctimas, que ya enfrentan enormes dificultades para denunciar. El debate continúa abierto, mientras la justicia evalúa la denuncia presentada.