El decreto 1014 establece que los descuentos por créditos no podrán superar el 25% del salario o haber jubilatorio. La medida alcanza a activos, pasivos, trabajadores privados y autónomos.
El Poder Ejecutivo de Santa Fe oficializó el decreto 1014, con fecha 13 de mayo, que pone en marcha el Plan de Protección de los Ingresos para agentes activos y pasivos de la Administración Centralizada y Descentralizada. La norma había sido anunciada días atrás por el ministro de Economía, Pablo Olivares; la secretaria de la Función Pública, Malena Azario; y la vocera gubernamental, Virginia Coudannes.
El principal cambio es la reducción del límite de descuentos por códigos de crédito del 50% actual al 25% del salario o haber. El objetivo es mejorar el ingreso disponible de cada trabajador, aliviando la carga de las deducciones mediante la intervención sobre el flujo de deuda y la generación de instrumentos financieros.
En la provincia, el 33% de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus recibos; de ese total, unos 12.000 superan el umbral del 25%. A ellos se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar.
El plan se estructura en cuatro ejes: reordenamiento del sistema de códigos de descuento mediante un reempadronamiento; nuevo límite del 25%; adecuación de las deudas vigentes a ese tope mediante refinanciación; y líneas de crédito de menor costo para consolidación de deudas, abiertas a trabajadores públicos y privados.
Para privados y autónomos, se incluye una línea del Banco de Santa Fe para cancelar deudas a largo plazo (hasta cinco años) con tasas por debajo del mercado, articulación con cámaras empresariales y la convocatoria a entidades financieras para ampliar la oferta. El Banco Solidario activará medidas para sectores con ingresos irregulares.
Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite digitalmente a través del portal oficial con su ID Ciudadana. Los privados y autónomos gestionarán a través de las plataformas del agente financiero correspondiente.
El decreto invita a los poderes Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas, Ministerios Públicos y empresas del Estado a adoptar disposiciones similares. También prevé la creación de una Unidad de Gestión para el seguimiento y la evaluación del plan.