Un informe del Ministerio de Salud de la Nación revela desvíos críticos y sobreprecios de hasta 4.239% en insumos ortopédicos, con pagos millonarios a un reducido grupo de proveedores.
El Ministerio de Salud de la Nación presentó un informe de ocho páginas ante el juzgado federal que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El documento detalla “desvíos críticos y sobreprecios” en facturas presentadas por un reducido grupo de ortopedias, con casos donde los valores pagados superan en más de 40 veces el precio de mercado.
El origen del escándalo fue una investigación por supuestas irregularidades administrativas, a cuyo término se produjo un informe técnico que confirma una matriz de sobreprecios y desvíos de fondos públicos bajo la actual gestión, y que ahora se añadió a la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo. La auditoría, firmada por el interventor Alejandro Vilches, analizó más de 500 expedientes que comprometen un presupuesto superior a los $ 18.000 millones.
Los datos presentados ante la justicia federal exponen cifras calificadas como «técnicamente indefendibles». El hallazgo más grave refiere a un sobreprecio del 4.239% en un equipo ortopédico. Asimismo, se detectó que la firma Farma Salud cobró 425 millones de pesos por un sistema de válvulas que el PAMI adjudicó en la misma fecha por solo 124 millones.
La brecha de precios se repite en otros insumos críticos: prótesis aórticas (Andis pagó 369,8 millones de pesos, mientras que otro organismo estatal abonó 17,8 millones), sillas de ruedas (modelos que en el mercado nacional cuestan 2,8 millones de pesos fueron facturados a la agencia por 18 millones) y válvulas pulmonares (se autorizaron pagos por 295 millones de pesos frente a valores de referencia de 36 millones).
La investigación fiscal, a cargo de Franco Picardi, señala la existencia de una estructura articulada entre funcionarios y empresarios. El informe del Ministerio de Salud describe una red de conexiones societarias y familiares entre proveedores, destacando al denominado «Grupo Belgrano 609». Este nodo, integrado por las firmas Artrobone e Imnova, compartía sede social y directivos, lo que permitía simular una competencia inexistente en las contrataciones públicas.
Ante la magnitud del hallazgo, el Ministerio de Salud decidió congelar pagos pendientes por casi $ 5000 millones que ya contaban con autorización previa, por considerarlos fraudulentos.
La prueba central radica en un chat de WhatsApp donde funcionarios y empresarios coordinaban las invitaciones a licitaciones para asegurar el negocio. En el centro de la escena aparece bajo la lupa Diego Spagnuolo, director de la agencia. Su situación judicial se complicó tras la difusión de audios que sugieren el pedido de retornos a proveedores como Osmar Caballi y Miguel Ángel Calvete.
De la causa surge que las contrataciones se llevaron a cabo a través del Siipfis (Sistema integrado de información y administración de prestaciones), un mecanismo digital ideado para agilizar procesos de compra, en cuyas licitaciones participaba un pequeño grupo de empresas. La prueba recabada en la Justicia sugiere que los involucrados lo habrían vulnerado seleccionando de antemano qué empresas ingresaban a competir y cuáles se quedaban afuera.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público indicó que la estructura “articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo” habilitó maniobras delictivas que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478 millones de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial. Al cotejar la documentación de dichos expedientes, el informe auditor del Ministerio de Salud revela “desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”.