El Gobierno de Santa Fe presentó una nueva resolución para la obtención de factibilidades hídricas, que moderniza procedimientos, actualiza exigencias y reduce tiempos administrativos para proyectos de urbanización, bajo criterios de seguridad hídrica y sostenibilidad ambiental.
El Gobierno de Santa Fe, junto con la Cámara de Urbanizadores y los colegios profesionales de Ingenieros y Agrimensores de Santa Fe y Rosario, presentó una nueva resolución para la obtención de factibilidades hídricas. La normativa busca modernizar procedimientos, actualizar exigencias y reducir tiempos administrativos para proyectos de urbanización, bajo criterios de seguridad hídrica, sostenibilidad ambiental y previsibilidad para las inversiones.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la nueva regulación apunta a “coordinar, acompasar, eficientizar y mejorar cuestiones que muchas veces están en tensión permanente: la radicación de inversiones, los nuevos desarrollos urbanos o proyectos productivos, y el cuidado hídrico y ambiental”. Además, señaló que la resolución procura brindar mayor certidumbre y seguridad jurídica a quienes invierten en la provincia: “Eliminamos numerosas disposiciones que considerábamos redundantes y simplificamos el trámite, que ahora será 100 % digital”, indicó. El cambio permitirá reducir los requisitos obligatorios de 34 a 11.
La resolución del Ministerio de Obras Públicas establece así un nuevo marco regulatorio para evaluar el impacto hidrológico del desarrollo territorial, en línea con una política integral de ordenamiento hídrico que prioriza la seguridad, la sostenibilidad ambiental y un crecimiento urbano ordenado.
Menos trámites y mayor rapidez
El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, afirmó que la modificación surgió de la necesidad de actualizar una normativa vigente desde 2016, que había incorporado sucesivos anexos y exigencias con el paso del tiempo. “Detectamos la necesidad de eliminar documentación que fue sumándose como parches a la resolución original y avanzar hacia procedimientos más simples”, explicó. Según detalló, la digitalización permite reducir burocracia, unificar evaluaciones, incorporar una mirada territorial preventiva y optimizar tiempos de respuesta, además de aportar mayor transparencia y acceso a la información.
El funcionario precisó que el nuevo esquema contempla un certificado unificado con tres etapas de evaluación: el encuadre hídrico o zonificación territorial (certificado Nº 1), que permite avanzar el procedimiento con el Ministerio de Ambiente, la evaluación técnica de drenajes (certificado Nº 2) y el certificado final de factibilidad hídrica o final de obra, que concluye el proceso.
Medidas para impulsar inversiones y desarrollos
El presidente de la Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe, Martín Weller, sostuvo que la medida representa “un paso adelante muy importante para el sector privado y la radicación de inversiones”. Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial: “La eficiencia requiere ámbitos de diálogo y articulación. Junto con la reducción de cargas, la capacitación y la inversión en infraestructura, estas son decisiones que favorecen nuevas inversiones en Santa Fe”, señaló.
Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil-Distrito II, Marcelo Crer, destacó la articulación entre el sector público y privado y afirmó que el objetivo es “mejorar las condiciones para la inversión pública y privada en la provincia”. También reconoció que “Santa Fe está ejecutando obras que hoy no se observan en otras jurisdicciones, y eso genera empleo para nuestros profesionales”.
De la presentación participaron además el secretario de Coordinación para la Transformación Digital, Mauricio Basso, y la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Julia Tonero.
Digitalización y gestión hídrica integrada
La nueva normativa establece un procedimiento administrativo completamente digital a través de la plataforma Timbó. El sistema se divide en dos grandes instancias: una clasificación preliminar del terreno según riesgo de inundación, mediante el certificado de Encuadre hídrico -en articulación con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático-, y una evaluación técnica posterior sobre la aptitud de los sistemas de drenaje pluvial, que analiza escurrimientos y compatibilidad territorial.
Entre los principales cambios también se encuentra la eliminación de memorándums incorporados por regulaciones anteriores, con el objetivo de simplificar exigencias y unificar criterios. A su vez, la normativa incorpora la Ley Provincial de Aguas Nº 13.740 y fortalece la gestión integrada de los recursos hídricos.