El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz quedó en el centro de una controversia institucional tras descalificar a colegas del fuero provincial en causas vinculadas al narcotráfico. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario recomendó elevar el caso al Consejo de la Magistratura.
El juez federal de Garantías, Eduardo Rodrigues Da Cruz, enfrenta un reclamo disciplinario por parte de magistrados provinciales de Santa Fe, quienes solicitaron sanciones por su accionar en tres causas relacionadas con el narcotráfico. Según las presentaciones, el funcionario habría utilizado términos descalificatorios al resolver conflictos de competencia, lo que generó una «crisis institucional inédita» en el ámbito judicial local.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario respondió este viernes a dos notas de los colegios de magistrados de primera y segunda instancia. En la acordada 51/26, el tribunal recordó que no tiene facultades para sancionar al juez, pero subrayó que «la cortesía y el decoro» deben regir las comunicaciones entre fueros. Asimismo, señaló que «la crítica jurídica debe ser siempre técnica, prudente y respetuosa».
Los reclamos fueron encabezados por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Fe, cuyo titular, Iván Kvasina, y la secretaria Patricia Otegui, advirtieron que Rodrigues Da Cruz puso «en tela de juicio de manera infundada el desempeño funcional» de sus representados. En uno de los casos, el magistrado federal llegó a pedir que se investigue a la jueza Gabriela Sansó por un delito de acción pública, calificando sus argumentos de «falsos y falaces».
Previamente, Rodrigues Da Cruz también cuestionó a la jueza Bibiana Alonso por una resolución «arbitraria», señalando que sus argumentos «se daban de bruces» con la jurisprudencia consolidada. El Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Rosario expresó que «más allá de la discrepancia técnica, el juez federal excedió los límites del respeto entre fueros».
Ante la imposibilidad de sancionar al juez, la Cámara Federal recomendó que las notas sean presentadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo con facultades disciplinarias para abordar el conflicto.