Un grupo de diputados provinciales de Unidos ingresó un proyecto de ley para aprobar el informe bianual de la ley de microtráfico y transformar su presentación en obligatoria ante la Legislatura.
Un grupo de diputados provinciales de Unidos (UCR, Pro y UNO) presentó un proyecto de ley con dos objetivos: aprobar el informe bianual previsto en la ley por la cual Santa Fe adhirió a la persecución penal del microtráfico de drogas, y establecer como obligatoria la presentación de ese informe ante la Legislatura.
El informe, correspondiente a los primeros dos años de aplicación, fue elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público Fiscal. Incluye estadísticas sobre procedimientos, participación ciudadana, y la evolución de la tasa de homicidios y heridos de bala.
La iniciativa fue impulsada por el diputado José Corral y cuenta con la firma de los otros ocho diputados de la Unión Cívica Radical, las tres diputadas del Pro y Walter Ghione, del partido UNO.
Según los fundamentos del proyecto, la Ley Nº 14.239, sancionada el 14 de diciembre de 2023, constituyó una respuesta político-criminal frente a la situación de seguridad pública en la provincia. El informe bianual 2023-2025 indica que el porcentaje de muertes violentas vinculadas a grupos criminales y economías ilegales pasó del 26% en 2014 al 60% en 2023, con entre el 80% y el 90% de esas muertes cometidas con armas de fuego. En el departamento Rosario, la tasa de homicidios alcanzó en 2022 las 22,24 muertes por cada 100.000 habitantes, más de cinco veces la media nacional de 4,2. El Observatorio de Seguridad Pública registró que la violencia lesiva se concentraba en radios menores a 300 metros alrededor de los puntos de venta de estupefacientes.
Los diputados oficialistas sostuvieron que la adhesión a la ley dotó al Estado provincial de herramientas normativas y operativas para intervenir sobre el microtráfico. Corral declaró a El Litoral que “los dos años de aplicación de la ley acreditan resultados concretos y sostenidos que justifican plenamente su continuidad”.
El informe detalla que entre el 29 de diciembre de 2023 y el 29 de diciembre de 2025, el Ministerio Público de la Acusación registró 24.843 ingresos por hechos vinculados al microtráfico en toda la provincia, con un pico de 1.507 ingresos en diciembre de 2025. Las denuncias ciudadanas a través del sistema 0800-SAE-CAD 911 crecieron un 153% entre 2023 y 2024, y un 24,7% adicional entre 2024 y 2025.
En cuanto a intervenciones directas, desde principios de 2024 se realizaron más de 60 inactivaciones y derribos de puntos de venta de estupefacientes en localidades como Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela. Los homicidios dolosos provinciales registraron al cierre del primer trimestre de 2025 los niveles más bajos de las últimas décadas.
Corral afirmó que “estos resultados no son producto del azar sino de una transformación institucional deliberada y profunda impulsada por el Poder Ejecutivo”.
El informe también señala que en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación se conformó el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico, se aprobó el Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados y se creó, en diciembre de 2025, la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFE-MT) con presencia en todas las sedes territoriales. En el Ministerio de Justicia y Seguridad se establecieron la División Microtráfico en la Policía de Investigaciones (de 92 a 133 efectivos), la Unidad de Gestión de Intervención de Puntos de Venta de Estupefacientes, el Dispositivo de Producción de Información sobre Comercialización, Acopio y Consumo de Estupefacientes (DIPROCACE) y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE).
La inversión comprometida se cuantifica en más de $116.000 millones ejecutados en 2024 y $129.000 millones en 2025 por el Ministerio de Justicia y Seguridad, más $117 millones invertidos por el Ministerio Público de la Acusación en infraestructura y equipamiento.
Corral opinó que “esta arquitectura institucional, construida con esfuerzo y continuidad durante dos años, requiere de un marco normativo estable que le dé sustento permanente”.
El proyecto propone sustituir el mecanismo de revisión por un instrumento de rendición de cuentas y control parlamentario periódico. Según los fundamentos, “se garantiza el seguimiento institucional de la política sin condicionar su continuidad a una nueva decisión legislativa. El resto del articulado permanece íntegramente vigente”.
La Ley N° 26.052, a la que Santa Fe adhirió, establece en su artículo 11 que “transcurridos veinticuatro meses a partir de la entrada en vigencia de la misma, la autoridad de aplicación procederá a elaborar un informe de evaluación sobre los resultados obtenidos en la aplicación de la Ley. El mismo será remitido a la Legislatura para su conocimiento y análisis a efectos de determinar la continuidad de la presente”. El proyecto de ley busca adecuar la redacción de ese artículo para que la Ley Nº 14.239 quede operativa como política de Estado permanente.