El gobierno de Maximiliano Pullaro presentó una segunda etapa de medidas de seguridad que incluye mayores facultades para la policía y la fiscalía, endurecimiento de penas y nuevas herramientas judiciales.
El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó que «no es momento de ablandarnos» al presentar un nuevo paquete de reformas en materia de seguridad. El gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, definió esta iniciativa como una segunda etapa de su gestión en seguridad, que busca profundizar las medidas implementadas desde el inicio de su administración.
Pullaro declaró: «No podemos retroceder o ser blandos con quienes matan». El nuevo paquete de reformas otorga mayores facultades de investigación a la policía y a la fiscalía, agiliza procesos judiciales como allanamientos y derribos de búnkeres, y endurece el aislamiento para presos de alto perfil. También se establecen zonas de intervención policial especiales.
El proyecto incluye la baja de la edad de imputabilidad, luego de la detención de un menor que mató a un playero en 2024, y la construcción de la cárcel de alto perfil «El Infierno», cuya finalización está prevista para mayo de 2027.
El ministro Cococcioni trazó una línea de tiempo que divide la gestión en dos etapas. La primera, según indicó, se basó en atender la crisis y reducir los índices de violencia y homicidios dolosos. La segunda etapa busca normalizar y consolidar esos índices. «Volver al espíritu agresivo del principio», explicó el ministro.
El nuevo paquete de leyes incluye el proyecto «Alerta de riesgos emergentes», que apunta a detectar dinámicas digitales peligrosas que involucren a menores en amenazas escalables o indicios de conductas organizadas.
El proyecto de ley generó cuestionamientos de abogados penalistas y de sectores internos de la coalición Unidos. La diputada del Partido Socialista Lionella Cattalini sostuvo que uno de los roles del socialismo es «mejorar las leyes que han venido del poder Ejecutivo».
El gobierno provincial afirmó que las nuevas herramientas son necesarias para «garantizar el orden frente a contextos de violencia estructural y criminalidad compleja». Desde el Ejecutivo indicaron que la situación de seguridad «está solo contenido, no solucionado».