Un grupo de concejales de la coalición Unidos en Rosario reclamó este lunes a los senadores nacionales Carolina Losada y Eduardo Galaretto que voten en contra del proyecto de reforma del régimen Zona Fría, que ya tiene media sanción en Diputados y que eliminaría descuentos en las boletas de gas para el sur de Santa Fe.
La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, encabezó este lunes una conferencia de prensa junto a los concejales Fabrizio Fiatti, Damián Pullaro, Carolina Labayru, Federico Lifschitz, Pablo Gavira, Lucas Raspall, Anahí Schibelbein, Alicia Pino, Manuel Sciutto y Ana Laura Martínez. En el pronunciamiento, los ediles de la coalición Unidos pidieron a los senadores nacionales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, ambos del mismo espacio político, que no acompañen la reforma del régimen Zona Fría cuando el proyecto llegue al recinto de la Cámara alta. El tercer senador santafesino, Marcelo Lewandowski, de Unión por la Patria, ya anticipó que votará en contra.
“No es un privilegio calentar una casa”, sostuvo Schmuck durante la conferencia, al advertir sobre el impacto de la quita del beneficio en plena llegada del invierno.
El proyecto de reforma obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación el 20 de mayo, con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. Ahora el Senado es la última instancia legislativa para frenar la modificación.
La ley 27.637, aprobada en 2021, amplió el esquema de Zona Fría e incorporó a distintas regiones del país con bajas temperaturas. En Santa Fe, el beneficio alcanza a ocho departamentos del sur provincial: Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, Iriondo, San Martín y Belgrano. El régimen vigente otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas para usuarios residenciales de esas zonas. La reforma propuesta por el gobierno nacional plantea volver a un esquema más acotado, concentrado en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y áreas de la Puna, y reemplazar el beneficio territorial por un sistema de Subsidios Energéticos Focalizados según el nivel de ingresos.
Según datos difundidos por los concejales, la modificación afectaría a 388.919 hogares rosarinos y a casi dos millones de santafesinos en los ocho departamentos del sur provincial. La consecuencia inmediata sería un aumento en la factura de gas natural de entre el 30% y el 50% en las zonas que hoy cuentan con descuento. En los hogares que reciben una bonificación del 50%, la eliminación del beneficio podría duplicar el componente subsidiado de la boleta.
Los concejales señalaron que suprimir el beneficio “en vísperas del invierno, sin gradualidad ni alternativas reales” implicaría un impacto directo sobre el poder adquisitivo de las familias. En el comunicado, afirmaron: “Menos plata en el bolsillo es menos consumo, menos actividad comercial y menos trabajo. El ajuste no se queda en la factura: se derrama sobre toda la economía local”.
El reclamo de los concejales se produce en una semana de presión sobre los senadores nacionales. Organizaciones sociales, entidades de consumidores y multisectoriales activaron una campaña de recolección de firmas para pedir que la Cámara alta rechace la reforma. En Santa Fe, la atención está puesta en Losada y Galaretto, que aún no dieron señales públicas sobre su postura. La Defensoría de Adultos Mayores de Rosario también hizo llegar planteos sobre el posible impacto en hogares de jubilados y pensionados.
Los concejales de Unidos enmarcaron la discusión en un reclamo político más amplio sobre la relación fiscal entre Santa Fe y la Nación. En el documento conjunto, afirmaron: “Santa Fe aporta al país de manera estructural y sostenida: producción agropecuaria, industria, exportaciones. Lo que recibe a cambio no guarda ninguna proporción con ese aporte”. Y agregaron: “Avanzar con este recorte sería un nuevo episodio de una relación federal profundamente inequitativa, donde el interior productivo financia al Estado nacional y recibe a cambio medidas que lo perjudican”.
El gobierno nacional sostiene que el régimen actual subsidia zonas sin condiciones climáticas extremas y que la modificación permitiría un ahorro fiscal estimado en 272.099 millones de pesos, reduciendo el alcance del programa en alrededor de 1,2 millón de hogares. Los sectores que rechazan la reforma afirman que el cambio implica trasladar el ajuste a la factura de gas en pleno invierno y dejar sin cobertura a regiones incorporadas por ley.
Si el Senado aprueba la reforma, la judicialización aparece como una posibilidad. Las organizaciones que integran la Red Nacional de Multisectoriales ya observan como antecedente el caso Cepis, que marcó la discusión judicial sobre aumentos tarifarios durante el gobierno de Mauricio Macri.