A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Ejecutivo propone eliminar instancias de impugnación ciudadana y publicaciones en diarios, centralizando el trámite en el Ministerio de Justicia.
El Gobierno Nacional anunció su intención de modificar el procedimiento de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa busca, según fuentes oficiales, hacer más transparente el proceso y evitar la duplicación de instancias administrativas.
Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres de sus cinco miembros previstos por ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las vacantes corresponden a Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (finales de 2024). En 2024, el Gobierno intentó cubrir esos lugares con el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla, pero no logró los dos tercios de votos necesarios en el Senado. Lijo fue sometido a votación sin alcanzar los votos requeridos; García-Mansilla asumió en comisión y renunció semanas después.
El DNU propone suprimir la etapa de publicación de antecedentes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, así como la recepción de observaciones ciudadanas en el Ministerio de Justicia. En su lugar, la difusión de las candidaturas se limitará al sitio web oficial de la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques. Las impugnaciones y la participación ciudadana se concentrarán en el Senado, donde el procedimiento constitucional (artículo 99, inciso 4) exige dos tercios de los votos de los miembros presentes.
Además, se establecerán controles patrimoniales y fiscales con un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas bajo la Ley de Ética Pública 25.188, y se fijará un plazo para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe sobre la situación fiscal de cada candidato.
El decreto también eliminaría la recomendación de que el Presidente considere la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al nominar a los candidatos, una cláusula contenida en el decreto 222/2003 del expresidente Néstor Kirchner. Según fuentes oficiales, durante el proceso fallido de Lijo y García-Mansilla, la oposición utilizó esa cláusula para cuestionar las postulaciones.
La medida generó reacciones. Jimena de la Torre, integrante del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, escribió en redes sociales: «No retrocedamos en calidad institucional. La transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas. El Ejecutivo todavía estaría a tiempo de evitar una mala señal. La independencia judicial empieza por cómo se eligen los jueces de la Corte».
El Gobierno sostiene que la reforma apunta a evitar la superposición de instancias que demoran las designaciones. La Corte Suprema requiere una composición completa para su funcionamiento, y el oficialismo considera que el nuevo procedimiento permitirá agilizar los nombramientos sin afectar el proceso constitucional en el Senado.