La Justicia provincial ordenó la prisión preventiva de un policía de 41 años imputado por abuso sexual de siete sobrinos, hechos ocurridos entre los años 90 y 2014 en la ciudad de Santa Fe.
La Justicia provincial ordenó este martes la prisión preventiva de un policía imputado por abuso sexual de sus siete sobrinos. La causa, radicada en la ciudad de Santa Fe, se inició a partir del relato de las víctimas sobre hechos ocurridos durante 20 años.
El hombre, de 41 años, trabajaba en los Tribunales locales y tenía contacto directo con niños, niñas y adolescentes. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la medida cautelar como parte del proceso penal.
Según la evidencia presentada ante el juez Nicolás Falkenberg, el sospechoso abusó de cuatro niños y tres niñas desde los años 90 hasta 2014. La vivienda del imputado fue allanada luego del análisis de las declaraciones de las víctimas. La fiscal Vivian Galeano estimó que «podría haber más víctimas» vinculadas al caso.
La fiscal imputó a Ricardo L. por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de uno de sus familiares. En otros cinco casos lo señalaron como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y el restante se definió como abuso sexual simple. Ambas calificaciones se consideraron agravadas.
Galeano y el fiscal Ezequiel Hernández remarcaron que el policía estaba a cargo de la guarda de sus sobrinos durante el período de tiempo de los hechos en investigación. Asimismo, plantearon que utilizó distintas estrategias de manipulación para generarles confusión, culpabilización y autorresponsabilización.
“Los cuatro niños y las tres niñas hoy ya son adultos y adultas. Sin embargo, sufrieron una gran afectación emocional”, manifestó Galeano. La mayoría de estas personas ya prestaron declaración, aunque les costó muchísimo hablar sobre lo sucedido mientras estaban con su tío.
La funcionaria judicial subrayó que algunas de las víctimas eran «muy pequeñas» y que los abusos se dieron «en reiteradas oportunidades y durante años».
En la audiencia, la defensa sostuvo que los delitos prescribieron por el paso del tiempo. Sin embargo, la fiscal apuntó que el magistrado avaló la imputación sobre uno de los hechos porque la fecha es posterior a la sanción de la ley Piazza, una norma que amplió los límites de plazos procesales y en la última reforma del Código Penal habilitó el cálculo a partir del día de la denuncia.
Además de los presuntos abusos, Galeano imputó al policía por promoción a la corrupción de menores agravada. La calificación legal contempla que era el encargado de la guarda de los niños y que la víctima era menor de 13 años.