La Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto imputó a un médico y a un enfermero radicados en Wheelwright por suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina, en el marco de una investigación por defraudación al Pami.
La Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto imputó a un médico y a un enfermero radicados en la localidad de Wheelwright, sur de Santa Fe, por el suministro ilegal de estupefacientes y el ejercicio ilegal de la medicina. El caso se inició en el marco de una investigación por una supuesta defraudación contra el Pami.
Tras un allanamiento en el domicilio particular de ambos, bajo la sospecha de que funcionaría allí un consultorio clandestino, se hallaron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y elementos utilizados para prácticas médicas.
En una audiencia oral y pública celebrada en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, el fiscal Federico Reynares Solari, la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi, la auxiliar fiscal Rocío Estrada y el fiscal federal coadyuvante de la PROCUNAR NEA Martín Uriona formalizaron la investigación penal. El juez Aurelio Cuello Murúa dispuso la prisión preventiva por 90 días.
El caso comenzó como un desprendimiento de una investigación a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, en la que se detectaron hechos de defraudación en perjuicio del Pami entre 2023 y 2024, con facturación de prácticas médicas a afiliados que nunca recibieron la atención.
Durante la inspección, se constató que en el lugar funcionaría una instalación médica sin autorización. Las ampollas de fentanilo y morfina incautadas fueron desviadas del canal lícito de comercialización. Los imputados no tenían autorización para la adquisición de ese material, de uso intrahospitalario exclusivo.
Además, se les atribuyó haber ejercido ilegalmente la medicina en forma particular y habitual en la vivienda, sin condiciones edilicias, sanitarias ni habilitación. La actividad se desarrolló desde una fecha no determinada hasta el 11 de junio, cuando se realizaron los allanamientos.
Al médico se lo considera autor del delito de suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos terapéuticos y con destino ilegítimo, y al enfermero partícipe necesario, conforme el art. 9 de la ley 23.737. Ambos fueron considerados coautores del delito de ejercicio ilegal de la profesión (artículo 208 inciso 1 del Código Penal).
Entre los elementos secuestrados se encontraron bisturíes, jeringas, medicamentos en ampollas (diclofenac, ketorolac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, penicilina), un descartador hospitalario, frascos de penicilina, ampollas de vacuna para dengue y antigripales, dos notebooks, una computadora de escritorio, un teléfono celular, talonarios para recetas y estudios de laboratorio, blocks de electrocardiograma, agendas, cuadernos, talonarios de recibos, un posnet, tarjetas de crédito, dinero en efectivo (dólares y reales), un tensiómetro, un desfibrilador, pinzas para electrocardiogramas, estetoscopios y pasaportes.
El fiscal Reynares Solari subrayó las afectaciones al bien jurídico y a los intereses públicos, y señaló que el caso comenzó en el marco de una investigación por una maniobra defraudatoria contra un organismo nacional de la seguridad social. Afirmó: «Lo que hemos encontrado es un punto de partida. Todo nos autoriza a presumir con fundadas razones de que quizás en algún momento tengamos que venir a realizar otra audiencia para agregar otra tipicidad prevista y penada en la ley 23737».
La fiscalía ordenó medidas para determinar la trazabilidad del fentanilo y la morfina, solicitando información al Ministerio de Salud de la Nación y a las empresas farmacéuticas responsables de la producción de las ampollas.
El juez Cuello Murúa resolvió dar por formalizada la investigación y ordenó la prisión preventiva por 90 días.
La detención ocurrió en el marco de una investigación por maniobras adjudicadas al médico, quien se desempeña en la localidad de Acebal. El profesional afirmó haber atendido a más de 5.000 afiliados de PAMI y realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025, lo cual resultó llamativo porque la mayoría de los afiliados residen en otras provincias. El total de la defraudación ronda los 700 millones de pesos, de los cuales 580 millones fueron abonados por Pami.
La investigación se originó en la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-Pami), luego de detectar a un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas supuestamente realizadas por el médico de Acebal.
El jueves pasado se realizaron al menos cinco allanamientos en Acebal y Wheelwright, en domicilios vinculados a los consultorios médicos y en el domicilio particular del profesional. Las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Carlos Vera Barros, con intervención de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal Argentina.