El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 condenó a tres años de prisión de ejecución condicional al exministro Julio De Vido y al exsecretario Daniel Omar Cameron por negociaciones incompatibles en la adjudicación de obras de gasoductos a la firma Odebrecht.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 condenó hoy a 3 años de prisión de ejecución condicional al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido (76) y al exsecretario de Energía de la Nación Daniel Omar Cameron (72) por las negociaciones incompatibles en las que incurrieron para la adjudicación a la firma Constructora Odebrecht S.A. de las obras para la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.
Los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini fijaron una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Además, impusieron una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional al exsubsecretario de Combustibles de la Secretaría de Energía de la Nación, Cristián Alberto Folgar (55), a quien consideraron partícipe necesario de la maniobra.
El tribunal dispuso la absolución del exgerente general y vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Luis Alberto Beuret (80), y del exsubgerente de la firma, Julio Armando Bragulat (79).
En su alegato, el fiscal general Diego Luciani, titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, había requerido condenas de 4 años para De Vido y Cameron, de 3 años y 6 meses para Folgar y Beuret, la absolución de Bragulat y el decomiso de los bienes que sirvieron para cometer el hecho y de las ganancias del delito. Durante el juicio también colaboraron auxiliares fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se conocerán el viernes 4 de septiembre.
El caso
El juicio oral y público comenzó el 9 de diciembre de 2025. La causa se inició luego de que, en el marco de la investigación por el pago de sobornos a funcionarios públicos y sobreprecios por parte de la empresa sueca Skanska para la construcción de gasoductos, se advirtieran maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos operados por TGN y TGS.
Según el requerimiento del fiscal Federico Delgado, los acusados habrían incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública al mantener reuniones privadas con representantes de Odebrecht, dictar resoluciones y tramitar expedientes administrativos para beneficiar a la empresa en la adjudicación de los contratos.
En su alegato del 28 y 30 de abril pasado, el fiscal Luciani sostuvo que se estaba “ante un caso de gran corrupción” y que los funcionarios “al amparo de una falsa apariencia de licitud de sus conductas, convergieron en un claro objetivo: beneficiar ilegalmente a la firma Odebrecht”. Afirmó que se soslayaron los principios de eficiencia, concurrencia, competencia, transparencia, publicidad e igualdad de trato en la contratación pública.
Luciani indicó que la contratación implicó una inversión del Estado argentino que supera los 2.300 millones de dólares y que los acusados “diseñaron una verdadera ingeniería burocrática para eludir la Ley de Obras Públicas y así manejar discrecionalmente cuantiosos recursos públicos”.