La Asociación del Fútbol Argentino desmintió versiones periodísticas sobre un supuesto secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos al presidente Claudio Tapia y a otros dirigentes antes del regreso de la Selección argentina.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial este martes en el que rechazó las versiones que indicaban que la Justicia de Estados Unidos había incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos al presidente Claudio «Chiqui» Tapia y a otros dirigentes antes del regreso de la Selección argentina.
La AFA sostuvo que la información difundida es «absolutamente falsa» y aclaró que el documento judicial mencionado en esas publicaciones no está dirigido a autoridades de la AFA. Según la institución, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida corresponde a un tercero, quien fue convocado a comparecer ante un Gran Jurado y, eventualmente, aportar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas dirigentes de la AFA.
El organismo remarcó que ni Claudio Tapia ni el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declarar ni recibieron requerimientos judiciales personales. «La citación no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad», expresó la entidad.
La AFA también rechazó las versiones que indicaban que las autoridades estadounidenses habían incautado teléfonos celulares o computadoras pertenecientes a los dirigentes. En el comunicado, la entidad sostuvo que la difusión de información incorrecta afecta la imagen de las personas y de la institución, por lo que pidió a los medios de comunicación verificar el contenido de los documentos judiciales antes de publicar información. Además, informó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales frente a la difusión de datos que considere falsos o manifiestamente engañosos y que puedan perjudicar a la institución o a sus autoridades.