El 5 de agosto de 1852, el gobierno de la provincia de Santa Fe elevó a Rosario al rango de ciudad. La medida coincidió con la publicación de las ‘Bases’ de Juan Bautista Alberdi.
El 5 de agosto de 1852, el gobierno de la provincia de Santa Fe elevó a Rosario al rango de ciudad. Ese mismo día, el diario La Gaceta Mercantil de Buenos Aires publicó la obra «Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina», de Juan Bautista Alberdi.
Rosario, que en ese entonces contaba con aproximadamente 3.000 habitantes, funcionaba como puerto natural con actividad comercial. Fuera de la provincia, la localidad era denominada «ciudad» en crónicas periodísticas, informes y documentos oficiales, según consta en registros de la época.
El decreto fue formalizado por el gobernador Domingo Crespo, a pedido del director provisorio de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza. La ley provincial del 3 de agosto concedió a Rosario los fueros y prerrogativas correspondientes a su nueva jerarquía urbana.
Los considerandos de la ley citan tres motivaciones: crear un centro político y mercantil en el Litoral para competir con Buenos Aires, reconocer el respaldo de los vecinos a Urquiza en su pronunciamiento de 1851, y aprovechar las potencialidades regionales como la ubicación geográfica, el puerto natural y la densidad demográfica.
En los quince años siguientes, la población pasó de 3.000 a 23.000 habitantes. Rosario se consolidó como complejo ferroportuario y fue designada capital de la República por el Congreso Nacional, designación que luego fue vetada por el poder ejecutivo.
El 5 de junio de 1852, una revuelta de seguidores de Juan Pablo López puso en prisión a Nicasio Oroño y al juez de paz Marcelino Bayo. Tras el fracaso del levantamiento, ambos recuperaron la libertad. A Oroño se le atribuye un papel en las gestiones entre Urquiza, Crespo y la legislatura provincial para la sanción de la ley.
Urquiza disponía de información económica sobre Rosario aportada por diplomáticos y comerciantes de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Brasil. La transformación jurídica de la villa se enmarcó en un proceso mayor de consolidación de un puerto alternativo a la Aduana de Buenos Aires.