El Gobierno de Santa Fe confirmó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones de mayores ingresos establecido por la reforma previsional provincial.
El Gobierno de Santa Fe apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo que declaró inconstitucional el tope previsto por la reforma previsional para las jubilaciones de mayores ingresos. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien defendió la medida impulsada por la Provincia y sostuvo que el límite era una herramienta para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Boasso señaló que la ley aprobada en 2024 estableció un tope equivalente a veinte jubilaciones mínimas provinciales, actualmente cercano a los $13 millones mensuales, alcanzando a poco más de un centenar de beneficiarios con haberes de excepción.
En ese contexto, puso el foco en la diferencia con el sistema nacional: «Mientras la Anses tiene un haber máximo de aproximadamente $2,8 millones, en Santa Fe, a partir de este fallo, volverán a pagarse jubilaciones que en algunos casos superan los $18 millones mensuales», afirmó.
El funcionario sostuvo que la decisión judicial elimina una de las herramientas incorporadas para contener el déficit previsional y reiteró que la seguridad social debe sustentarse en criterios de solidaridad. «Esto no es un seguro privado donde cada uno cobra exactamente en función de lo que aportó. Los sistemas previsionales funcionan sobre un principio solidario y quienes tienen mayores ingresos también realizan un mayor esfuerzo para sostener el sistema», explicó.
Boasso también se refirió a la actuación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe durante el tratamiento de la causa. Según expresó, la Provincia había solicitado la recusación de los ministros al considerar que algunos podían verse alcanzados por los efectos de la sentencia, planteo que fue rechazado. «Era imposible que fueran imparciales. Cuando no se excusaron y rechazaron la recusación quedó claro que estaban entendiendo en una causa que los favorecía directamente», sostuvo.
Además, apuntó contra el ministro Eduardo Spuler, quien dejará su cargo el próximo 1 de septiembre. «Podría haberse excusado. Le faltaban apenas unos días para retirarse y decidió intervenir en una sentencia que puede beneficiarlo personalmente», manifestó.
Por su parte, la vocera del gobierno, Virginia Coudanes, insistió en que la discusión trasciende a un grupo reducido de beneficiarios y se vincula con la sustentabilidad del sistema previsional provincial. Según datos oficiales difundidos por el Gobierno, antes de la reforma el déficit proyectado de la Caja de Jubilaciones ascendía a unos $900.000 millones anuales. Tras la sanción de la ley, la estimación oficial es que ese déficit se redujo a alrededor de $400.000 millones.
Para Coudanes, eliminar el tope previsto para las jubilaciones más altas debilita ese objetivo y dificulta la posibilidad de sostener el régimen previsional en el tiempo. «Todos los sistemas jubilatorios del mundo establecen límites y realizan reformas cuando cambian las condiciones demográficas o económicas. Si cualquier modificación termina siendo declarada inconstitucional, será muy difícil garantizar la continuidad del sistema», concluyó.