Una investigación periodística reveló que la administración nacional recaudó más de 1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles y solo aplicó una cuarta parte al mantenimiento de rutas, según lo establecido por ley. El Ejecutivo reconoció que parte de esos fondos se utiliza para el equilibrio fiscal.
Una investigación del diario La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, reveló que el Gobierno nacional recaudó más de 1,5 billones de pesos mediante el impuesto a los combustibles, pero solo aplicó una cuarta parte al destino específico que ordena la ley: el mantenimiento de rutas nacionales. El Ejecutivo reconoció que parte de esos fondos se desvía para sostener el equilibrio fiscal.
El impuesto a los combustibles tiene asignación específica según la normativa vigente. Sin embargo, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, el nivel de fondos inmovilizados no dejó de crecer, alcanzando una tasa de subejecución del 73,8%. El sistema que regula estos fondos es el Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso creado hace dos décadas para asegurar que el dinero proveniente de los surtidores no se desviara a gastos corrientes.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió en una entrevista con El Diario de La Pampa que el Ministerio de Economía retiene una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles para lograr el equilibrio fiscal. “No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas”, afirmó Ravier. “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van”, añadió. Lo que no se destina a la asignación específica, dijo, Economía lo desvía como “parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja”.
Según la investigación, en 2024 solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado para obras (40.668 millones de pesos). Durante 2025, la cifra subió al 39% (270.592 millones) y en los primeros cinco meses de 2026 volvió a bajar al 18,5% (83.144 millones). En total, de los 1.503.252 millones de pesos recaudados, únicamente 394.406 millones llegaron al asfalto.
Más de 1 billón de pesos de estos fondos está inmovilizado en inversiones financieras gestionadas a través del Banco Nación bajo las órdenes exclusivas del Ministerio de Economía. Hasta mediados de 2025, el dinero se colocaba mayoritariamente en plazos fijos, pero luego el ministro Luis Caputo ordenó volcar masivamente los recursos a la compra de títulos públicos y Letras del Tesoro (Lecap, Boncap y Lecer).
La recaudación nacional de julio de 2026 arrojó que los tributos a los combustibles fueron los de mejor rendimiento en el segmento de consumo, con una recolección mensual de 638.389 millones de pesos y un alza interanual del 25%.
El SisVial tiene un régimen específico que lo excluye de la Ley de Administración Financiera. Las encargadas de supervisar su manejo son la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). La investigación constató que ninguno de estos organismos revisó la ejecución del fideicomiso en los últimos años.
El manejo de los fondos generó conflicto con organismos de crédito internacionales. En el caso del préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el Programa de Corredores Logísticos de Integración, los auditores emitieron una advertencia: el aporte ejecutado con los fondos de contraparte local fue “nulo (0%)”. Mientras las cuentas fiduciarias del Gobierno acumulaban un billón de pesos en bonos, la inversión estatal para garantizar el avance de las rutas acordadas con la entidad multilateral fue inexistente.
El deterioro de la red vial nacional generó un choque directo de la Casa Rosada con los gobiernos provinciales. En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto decidió avanzar unilateralmente y enviará a la Legislatura un proyecto para crear una “Tasa Vial” para financiar el mantenimiento de rutas nacionales que pasan por la jurisdicción. El peaje pampeano apuntará a los camiones de más de cinco ejes que transportan arena desde Entre Ríos hacia los yacimientos de Vaca Muerta, exceptuando a los transportistas locales.
Ziliotto solicitó al Gobierno nacional que le transfiera la jurisdicción de 600 kilómetros de rutas, pero exigió que el traspaso incluyera los fondos del impuesto a los combustibles que la Nación recauda y no ejecuta. Ante la negativa de la Casa Rosada, la provincia optó por cobrarle directamente a los camiones.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012 por 20 años. La provincia costeará los trabajos que Nación no realiza con lo que recauda. Desde la Casa Gris anunciaron el traspaso como un logro.
El gobernador cordobés, Martín Llaryora, mantiene negociaciones avanzadas por la Ruta 19 en el mismo sentido.
A mediados de junio, a través del decreto N° 256, Nación le otorgó a nueve provincias la posibilidad de otorgar “concesiones de obra pública por peaje” en las rutas nacionales de sus jurisdicciones. El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, advirtió que el Estado provincial no estaba “en condiciones de poner dinero sobre rutas nacionales”, porque ya lo hacen en los corredores provinciales.
En junio de 2025, el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, reclamó a Nación una deuda superior a los 48.105 millones de pesos por obras frenadas y contratos no abonados.
Las consecuencias de subejecutar el dinero vial también impactan en el comercio internacional. El Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), el principal paso terrestre hacia Chile ubicado en Mendoza, lleva casi un mes clausurado. Eso genera pérdidas que superan los 35 millones de dólares para el sector del transporte. Más de 3.000 camiones permanecen varados solo en la provincia de Mendoza. Otros miles se desvían a Neuquén y también quedan atrapados en cruces fronterizos cerrados por las inclemencias climáticas.
Las autoridades de Vialidad de Chile ofrecieron formalmente al gobierno argentino cruzar la frontera con sus propias maquinarias para ayudar a despejar la nieve en la localidad de Las Cuevas.
Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) reaccionaron a la subejecución presupuestaria en obras viales: “Nos preguntamos dónde quedó toda la inversión que se hizo años atrás. No se mantuvieron los campamentos y no sabemos dónde están las máquinas barre nieve, motoniveladoras y palas cargadoras que se adquirieron”.